Por Dip.Laura Itzel Castillo Juárez...
Más de 2 mil ciudadanos y ciudadanas afines al Movimiento de Regeneración Nacional promovimos amparos colectivos contra los contratos integrales recientemente adjudicados por Pemex en las áreas de Carrizo, Santuario y Magallanes, ubicadas en tierras tabasqueñas.
La reciente firma de tres contratos incentivados para la explotación de crudo —modelo impulsado durante toda la administración de Felipe Calderón— con las trasnacionales petroleras Schlumberger y Petrofac Facilities Management, encuentra un obstáculo jurídico en la queja resuelta por el Tribunal Colegiado en materia Administrativa y del Trabajo, con sede en Villahermosa, Tabasco.
La resolución establece que los ciudadanos tienen interés legítimo para ampararse cuando se dañe el patrimonio nacional, si demuestran ser afectados de manera directa o derivada. Petróleos Mexicanos tendrá que entregar a la justicia federal los contratos firmados, mientras que los amparistas podríamos demostrar que Pemex cede un porcentaje del valor de las ventas del crudo y por tanto renta petrolera.
Finalmente logramos abrir una puerta jurídica para cuestionar la constitucionalidad de los contratos privatizadores. La Suprema Corte ya había negado esta posibilidad a la Auditoría Superior de la Federación sobre los contratos de generación de electricidad con productores independientes de energía, y más recientemente cerró el paso a la Cámara de Diputados en relación con los contratos incentivados para la explotación del petróleo.
México padece un profundo proceso privatizador depravado; utilizo este adjetivo porque en nuestra realidad corrupción y privatización son sinónimos.
El desfalco daña directamente a la ciudadanía con las altas tarifas, por eso ahora el amparo colectivo abre un camino legal para la gente.
El caso de los contratos incentivados es todo un monumento a la perversión del actual sistema político dominado por algunos políticos y potentados. Todos afirman que es inconstitucional que a través de un contrato se comparta la renta, ganancias o explotación del crudo, y por ello se dice que el petróleo es de los mexicanos.
Sin embargo, desde 2008 no habíamos podido abrir la discusión jurídica concreta por argumentos legaloides.
Hoy abrimos una pequeña puerta, el 1 de julio podríamos, finalmente, ser dueños de nuestro país.
México merece un mejor destino.
Más de 2 mil ciudadanos y ciudadanas afines al Movimiento de Regeneración Nacional promovimos amparos colectivos contra los contratos integrales recientemente adjudicados por Pemex en las áreas de Carrizo, Santuario y Magallanes, ubicadas en tierras tabasqueñas.
La reciente firma de tres contratos incentivados para la explotación de crudo —modelo impulsado durante toda la administración de Felipe Calderón— con las trasnacionales petroleras Schlumberger y Petrofac Facilities Management, encuentra un obstáculo jurídico en la queja resuelta por el Tribunal Colegiado en materia Administrativa y del Trabajo, con sede en Villahermosa, Tabasco.
La resolución establece que los ciudadanos tienen interés legítimo para ampararse cuando se dañe el patrimonio nacional, si demuestran ser afectados de manera directa o derivada. Petróleos Mexicanos tendrá que entregar a la justicia federal los contratos firmados, mientras que los amparistas podríamos demostrar que Pemex cede un porcentaje del valor de las ventas del crudo y por tanto renta petrolera.
Finalmente logramos abrir una puerta jurídica para cuestionar la constitucionalidad de los contratos privatizadores. La Suprema Corte ya había negado esta posibilidad a la Auditoría Superior de la Federación sobre los contratos de generación de electricidad con productores independientes de energía, y más recientemente cerró el paso a la Cámara de Diputados en relación con los contratos incentivados para la explotación del petróleo.
México padece un profundo proceso privatizador depravado; utilizo este adjetivo porque en nuestra realidad corrupción y privatización son sinónimos.
El desfalco daña directamente a la ciudadanía con las altas tarifas, por eso ahora el amparo colectivo abre un camino legal para la gente.
El caso de los contratos incentivados es todo un monumento a la perversión del actual sistema político dominado por algunos políticos y potentados. Todos afirman que es inconstitucional que a través de un contrato se comparta la renta, ganancias o explotación del crudo, y por ello se dice que el petróleo es de los mexicanos.
Sin embargo, desde 2008 no habíamos podido abrir la discusión jurídica concreta por argumentos legaloides.
Hoy abrimos una pequeña puerta, el 1 de julio podríamos, finalmente, ser dueños de nuestro país.
México merece un mejor destino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario