Luis Velázquez
La nueva ley electoral de Veracruz, también conocida como ‘’la ley arcoiris’’ porque ‘’todo mundo le metió mano’’ con cien modificaciones, soslayó el punto principal de una democracia, como es la rendición de cuentas.
Así, dejaron para el año próximo (que será difícil en tiempo y forma) la fiscalización de los partidos políticos, donde, por regla general, el ejercicio plural adquiere un nuevo significado gramatical, pues la democracia consiste, simple y llanamente, ‘’en e’to pa’ti y e’to pa´mi’’, de tal forma que todos queden contentos.
Desde luego, y como primera hipótesis se entendería que tanto los funcionarios del Instituto Electoral Veracruzano como los representantes de los partidos políticos lo aceptaron de buena gana, y ni hablar, quedó excluido de la agenda pública.
Un experto electoral establece las siguientes hipótesis.
Una. El gobierno del estado otorga prerrogativas a los partidos políticos para su gasto corriente y su gasto electoral, pero, hasta la fecha en Veracruz, sin rendir cuentas.
Todos, pues, hacen y deshacen, y todos se bañan en tina… para chapotear y salpicarse entre sí.
Se aplica, entonces, el principio político de Carlos Salinas, ‘’ni los veo ni los oigo’’, y tonto y penitente quien sueñe con cerrar la puerta.
El Estado, pues, y con cargo a los impuestos pagados por los contribuyentes, entregan el dinerito a los líderes de los partidos políticos para gastarse en lo que quieran y/o necesiten.
Dos. Sin una fiscalización a los partidos políticos en Veracruz, pueden filtrarse recursos de particulares, de la iniciativa privada y hasta de los cárteles a las campañas electorales.
Y si alguna duda existiera bastaría referir que dos alcaldes de Veracruz (uno priista, Tampico Alto, y la otra, panista, Tlacojalpan) fueron desaparecidos y solo el cuerpo de la alcaldesa apareció sin vida, tirado en un camino vecinal.
A los dos, no obstante, se les ha ligado con los cárteles.
El mismo fenómeno sucedió con los alcaldes panistas de Chinameca y Las Minas, desaforados por el Congreso local por nexos con los cárteles.
Tres. Ante la cero fiscalización, los partidos y los candidatos pueden integrar salidas colaterales para avenirse de recursos, tanto lícitos como ilícitos, y/o en todo caso, bajo sospecha.
Ahí están como ejemplo, cita el experto electoral, la fundación ‘’Los amigos de Fox’’ y ‘’Vamos México’’, de Marta Sahagún, terminados en un cochinero.
Cuatro. En el IFE ha quedado establecido que tres meses después de cada elección, los partidos políticos y candidatos están obligados a rendir cuentas de las prerrogativas, dando paso a la rendición de cuentas.
Sin embargo, la “Ley arcoíris” en Veracruz fue sometida a cien operaciones quirúrgicas para cada quien modificar el clausulado, digamos, a su antojo, como traje a la medida, pero los actores políticos olvidaron por completo la fiscalización.
Para el próximo año, dijeron, cuando se efectuará la elección y la campaña de los candidatos a las 212 alcaldías y diputaciones locales.
POSDATA: Más información en elblog.expediente.mx
La nueva ley electoral de Veracruz, también conocida como ‘’la ley arcoiris’’ porque ‘’todo mundo le metió mano’’ con cien modificaciones, soslayó el punto principal de una democracia, como es la rendición de cuentas.
Así, dejaron para el año próximo (que será difícil en tiempo y forma) la fiscalización de los partidos políticos, donde, por regla general, el ejercicio plural adquiere un nuevo significado gramatical, pues la democracia consiste, simple y llanamente, ‘’en e’to pa’ti y e’to pa´mi’’, de tal forma que todos queden contentos.
Desde luego, y como primera hipótesis se entendería que tanto los funcionarios del Instituto Electoral Veracruzano como los representantes de los partidos políticos lo aceptaron de buena gana, y ni hablar, quedó excluido de la agenda pública.
Un experto electoral establece las siguientes hipótesis.
Una. El gobierno del estado otorga prerrogativas a los partidos políticos para su gasto corriente y su gasto electoral, pero, hasta la fecha en Veracruz, sin rendir cuentas.
Todos, pues, hacen y deshacen, y todos se bañan en tina… para chapotear y salpicarse entre sí.
Se aplica, entonces, el principio político de Carlos Salinas, ‘’ni los veo ni los oigo’’, y tonto y penitente quien sueñe con cerrar la puerta.
El Estado, pues, y con cargo a los impuestos pagados por los contribuyentes, entregan el dinerito a los líderes de los partidos políticos para gastarse en lo que quieran y/o necesiten.
Dos. Sin una fiscalización a los partidos políticos en Veracruz, pueden filtrarse recursos de particulares, de la iniciativa privada y hasta de los cárteles a las campañas electorales.
Y si alguna duda existiera bastaría referir que dos alcaldes de Veracruz (uno priista, Tampico Alto, y la otra, panista, Tlacojalpan) fueron desaparecidos y solo el cuerpo de la alcaldesa apareció sin vida, tirado en un camino vecinal.
A los dos, no obstante, se les ha ligado con los cárteles.
El mismo fenómeno sucedió con los alcaldes panistas de Chinameca y Las Minas, desaforados por el Congreso local por nexos con los cárteles.
Tres. Ante la cero fiscalización, los partidos y los candidatos pueden integrar salidas colaterales para avenirse de recursos, tanto lícitos como ilícitos, y/o en todo caso, bajo sospecha.
Ahí están como ejemplo, cita el experto electoral, la fundación ‘’Los amigos de Fox’’ y ‘’Vamos México’’, de Marta Sahagún, terminados en un cochinero.
Cuatro. En el IFE ha quedado establecido que tres meses después de cada elección, los partidos políticos y candidatos están obligados a rendir cuentas de las prerrogativas, dando paso a la rendición de cuentas.
Sin embargo, la “Ley arcoíris” en Veracruz fue sometida a cien operaciones quirúrgicas para cada quien modificar el clausulado, digamos, a su antojo, como traje a la medida, pero los actores políticos olvidaron por completo la fiscalización.
Para el próximo año, dijeron, cuando se efectuará la elección y la campaña de los candidatos a las 212 alcaldías y diputaciones locales.
POSDATA: Más información en elblog.expediente.mx
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