Luis Velázquez
I
La octava generación de doctorado en Derecho Público del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana fue privilegiada.
Los alumnos tuvieron un compañero de lujo: el góber fogoso.
Y todas las puertas se abrieron.
Las invitadas a cenar en la Casa de Gobierno fue lo de menos.
Becas Conacyt para todos, sin excepción.
Y becas, además, en la oficina de Becas del gobierno del estado, a cargo de Claudia Perea Ramón, quien fuera para todos los estudiantes, y por órdenes superiores, una sedita.
Además, trámites ágiles y expeditos.
Así, todos disculparon y justificaron que el góber fogoso sólo enviara los trabajos (les llaman ensayos) con un propio, pues dada la tarea constitucional como jefe del Poder Ejecutivo estaba impedido para asistir a clases.
A excepción, claro, del examen profesional y la graduación, en donde fueron invitados los exrectores de la UV y el rector en funciones.
II
Sin embargo, la novena y la décima generación de doctores en Derecho Público se las han visto más negras que nunca.
Por ejemplo: como Claudia Perea fue designada ideóloga de la política migratoria de Veracruz, dejó la Comisión de Becas, dejando, por añadidura, en el desamparo a tales generaciones.
Simple y sencillamente, suspendieron las becas.
Incluso a la mayoría les quitaron las becas Conacyt. Cerraron la puerta, pues.
Y desde entonces, la directora y coordinadora del doctorado identificadas como “Las dos alegres comadres”, Erika y Verónica, han levantado muros infranqueables para fastidiar a los alumnos en sus trámites de titulación.
Con un solo objetivo: pasar el doctorado en Derecho Público a la facultad de Leyes de la UV y descobijar al Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Al final del día, en todo caso, se trata de la misma alma máter.
Pero, bueno, cuando los celos entran hasta las Torres Gemelas y la estatua de Saddam Husseim se desmoronan.
III
Los alumnos de la novena y décima generación están que truenan.
En un dos por tres pueden armar un escándalo académico y mediático innecesario si la cordura y la prudencia y la institucionalidad se impusieran y el doctor Raúl Arias Lovillo saldría raspado.
Es más, a río revuelto, ganancia de pescadores, y por tanto, hasta el rector de la UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Guillermo Zúñiga Martínez, extendería la mano populista para arropar a las dos generaciones con el doctorado fast track en Derecho Público.
Y más porque su objetivo, entre otros, es desacreditar hasta donde se pueda a la UV, luego que en tiempo y forma solicitara las aulas para abrir la UPAV los fines de sábado y les fueran negadas.
Con esa espina clavada, Memo Zúñiga aprovecharía el río desbordado que se está dejando crecer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
IV
Veracruz ya tiene demasiado con los 20 mil estudiantes que cada año son rechazados de la UV por falta de presupuesto.
También Veracruz está asfixiado con la decisión de la Secretaría de Educación de Tabasco y la asociación de universidades de Puebla de declarar“escuela patito” a la UPAV.
Hay demasiados, excesivos dolores de cabeza con que Veracruz esté en el sótano de la calidad educativa básica.
Y ni se diga con los 650 mil analfabetas mayores de 15 años en adelante que en el Veracruz próspero no saben leer ni escribir ni tampoco, vaya, copiar su nombre como lo copiaba Pancho Villa a los 15 años de edad.
Así, permitir por desidia y negligencia que los alumnos de la novena y décima generación del doctorado en Derecho Público manifiesten su inconformidad significa arrojar más gasolina al fuego.
POSDATA: Más información en el blog.expediente.mx
I
La octava generación de doctorado en Derecho Público del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana fue privilegiada.
Los alumnos tuvieron un compañero de lujo: el góber fogoso.
Y todas las puertas se abrieron.
Las invitadas a cenar en la Casa de Gobierno fue lo de menos.
Becas Conacyt para todos, sin excepción.
Y becas, además, en la oficina de Becas del gobierno del estado, a cargo de Claudia Perea Ramón, quien fuera para todos los estudiantes, y por órdenes superiores, una sedita.
Además, trámites ágiles y expeditos.
Así, todos disculparon y justificaron que el góber fogoso sólo enviara los trabajos (les llaman ensayos) con un propio, pues dada la tarea constitucional como jefe del Poder Ejecutivo estaba impedido para asistir a clases.
A excepción, claro, del examen profesional y la graduación, en donde fueron invitados los exrectores de la UV y el rector en funciones.
II
Sin embargo, la novena y la décima generación de doctores en Derecho Público se las han visto más negras que nunca.
Por ejemplo: como Claudia Perea fue designada ideóloga de la política migratoria de Veracruz, dejó la Comisión de Becas, dejando, por añadidura, en el desamparo a tales generaciones.
Simple y sencillamente, suspendieron las becas.
Incluso a la mayoría les quitaron las becas Conacyt. Cerraron la puerta, pues.
Y desde entonces, la directora y coordinadora del doctorado identificadas como “Las dos alegres comadres”, Erika y Verónica, han levantado muros infranqueables para fastidiar a los alumnos en sus trámites de titulación.
Con un solo objetivo: pasar el doctorado en Derecho Público a la facultad de Leyes de la UV y descobijar al Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Al final del día, en todo caso, se trata de la misma alma máter.
Pero, bueno, cuando los celos entran hasta las Torres Gemelas y la estatua de Saddam Husseim se desmoronan.
III
Los alumnos de la novena y décima generación están que truenan.
En un dos por tres pueden armar un escándalo académico y mediático innecesario si la cordura y la prudencia y la institucionalidad se impusieran y el doctor Raúl Arias Lovillo saldría raspado.
Es más, a río revuelto, ganancia de pescadores, y por tanto, hasta el rector de la UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Guillermo Zúñiga Martínez, extendería la mano populista para arropar a las dos generaciones con el doctorado fast track en Derecho Público.
Y más porque su objetivo, entre otros, es desacreditar hasta donde se pueda a la UV, luego que en tiempo y forma solicitara las aulas para abrir la UPAV los fines de sábado y les fueran negadas.
Con esa espina clavada, Memo Zúñiga aprovecharía el río desbordado que se está dejando crecer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
IV
Veracruz ya tiene demasiado con los 20 mil estudiantes que cada año son rechazados de la UV por falta de presupuesto.
También Veracruz está asfixiado con la decisión de la Secretaría de Educación de Tabasco y la asociación de universidades de Puebla de declarar“escuela patito” a la UPAV.
Hay demasiados, excesivos dolores de cabeza con que Veracruz esté en el sótano de la calidad educativa básica.
Y ni se diga con los 650 mil analfabetas mayores de 15 años en adelante que en el Veracruz próspero no saben leer ni escribir ni tampoco, vaya, copiar su nombre como lo copiaba Pancho Villa a los 15 años de edad.
Así, permitir por desidia y negligencia que los alumnos de la novena y décima generación del doctorado en Derecho Público manifiesten su inconformidad significa arrojar más gasolina al fuego.
POSDATA: Más información en el blog.expediente.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario