Para que los proyectos eólicos impulsados en México sean realmente sustentables, como lo señaló ayer el presidente Felipe Calderón en el Istmo de Tehuantepec mientras inauguraba dos parques eólicos, es preciso que sean resueltos los conflictos sociales generados por la instalación de las primeras de centrales eólicas en la zona de La Ventosa, Oaxaca, entre los que se encuentran litigios de tierras, despojo, violaciones a los derechos humanos e intimidación a comunidades aledañas.
Si bien la energía eólica es una de las alternativas para mitigar el calentamiento global del planeta -cuyos efectos devastadores son visibles en fenómenos como el Huracán Sandy que asoló la Costa Este de Estados Unidos-, la instalación de aerogeneradores en el territorio mexicano debe guardar ciertos criterios que aseguren precisamente su sustentabilidad, como la consulta pública a todas las comunidades aledañas, brindar información adecuada, ubicación en terrenos que no esté en litigio y que sean centros generadores de inversiones, empleos, desarrollo regional y beneficios para las comunidades cercanas. Algo que no ha ocurrido en la región de La Ventosa, en Oaxaca.
La organización ambientalista recordó que desde 1994, la instalación de aerogeneradores en la zona de La Ventosa ha estado sujeta a un tenso debate entre los propietarios de la tierra, en su mayoría ejidatarios y comuneros y las empresas inversionistas. Las principales disputas se deben a conflictos por las tierras y al pago por el usufructo de las mismas.
Comunidades indígenas oaxaqueñas han acusado reiteradamente a empresas transnacionales por promover inversiones que no generan empleos, desarrollo regional ni beneficio alguno para las comunidades cercanas y que sólo les han acarreado violaciones a sus derechos, intimidaciones y despojo.
Entre los pueblos indígenas de la zona que han resultado afectados se encuentran: los binnizaa, los ikoots, chontales, chinantecos, mixes y zoques. Si hay alguna participación de los pueblos indígenas en proyectos para mitigar el cambio climático, se deben reconocer y respetar los derechos contemplados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el Artículo 26 de la Declaración de la ONU sobre los derechos indígenas, en especial el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma a utilizado.
La energía eólica forma parte crucial de la transición energética y tiene un gran potencial en México: en la Rumorosa en Baja California, en Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y en la Península de Yucatán, pero sobre todo en el Istmo de Tehuantepec en donde los vientos del norte soplan durante siete meses del año.
Greenpeace promueve en México y el mundo una [R]evolución Energética: un escenario de energía renovable que busca prescindir del uso de combustibles fósiles y transitar hacia la implementación de energías renovables bajo un modelo sustentable.
Si bien la energía eólica es una de las alternativas para mitigar el calentamiento global del planeta -cuyos efectos devastadores son visibles en fenómenos como el Huracán Sandy que asoló la Costa Este de Estados Unidos-, la instalación de aerogeneradores en el territorio mexicano debe guardar ciertos criterios que aseguren precisamente su sustentabilidad, como la consulta pública a todas las comunidades aledañas, brindar información adecuada, ubicación en terrenos que no esté en litigio y que sean centros generadores de inversiones, empleos, desarrollo regional y beneficios para las comunidades cercanas. Algo que no ha ocurrido en la región de La Ventosa, en Oaxaca.
La organización ambientalista recordó que desde 1994, la instalación de aerogeneradores en la zona de La Ventosa ha estado sujeta a un tenso debate entre los propietarios de la tierra, en su mayoría ejidatarios y comuneros y las empresas inversionistas. Las principales disputas se deben a conflictos por las tierras y al pago por el usufructo de las mismas.
Comunidades indígenas oaxaqueñas han acusado reiteradamente a empresas transnacionales por promover inversiones que no generan empleos, desarrollo regional ni beneficio alguno para las comunidades cercanas y que sólo les han acarreado violaciones a sus derechos, intimidaciones y despojo.
Entre los pueblos indígenas de la zona que han resultado afectados se encuentran: los binnizaa, los ikoots, chontales, chinantecos, mixes y zoques. Si hay alguna participación de los pueblos indígenas en proyectos para mitigar el cambio climático, se deben reconocer y respetar los derechos contemplados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el Artículo 26 de la Declaración de la ONU sobre los derechos indígenas, en especial el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma a utilizado.
La energía eólica forma parte crucial de la transición energética y tiene un gran potencial en México: en la Rumorosa en Baja California, en Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y en la Península de Yucatán, pero sobre todo en el Istmo de Tehuantepec en donde los vientos del norte soplan durante siete meses del año.
Greenpeace promueve en México y el mundo una [R]evolución Energética: un escenario de energía renovable que busca prescindir del uso de combustibles fósiles y transitar hacia la implementación de energías renovables bajo un modelo sustentable.
Fuente: Greenpeace...
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