Laura Itzel Castillo
El pasado 11 de septiembre escribí aquí el artículo No te vayas con la finta, que analizaba parte de la reforma hacendaria, que debe aprobarse a más tardar el 20 de octubre en la Cámara de Diputados. Esto en lo referente a la Ley de Ingresos, la cual tiene que ver con la manera en que van a sacar recursos para financiar los proyectos que requiere el país, así como lo destinado a las entidades, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, y el gasto corriente para pagarle a los empleados a nivel federal.
Como lo dije anteriormente, una cosa es lo que promueve la publicidad engañosa y otra muy distinta el verdadero contenido de las reformas, ordenadas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Eso es lo que pasa con el proyecto del seguro al desempleo, que si bien es cierto se requiere, el problema es de dónde quieren sacar el dinero.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) está contenido en el artículo 123 de la Constitución. Este fondo es una conquista laboral, para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda cómoda e higiénica, con créditos accesibles. Sin embargo, le quieren mochar 60% para financiar el seguro al desempleo.
O sea, al 5% del salario base del trabajador, que se entrega para constituir ese fondo, le quieren dejar sólo 40% del total. Con esta medida indudablemente se encarecería la posibilidad de pagar la hipoteca y la capacidad de adquirir un crédito. Si ya de por sí son pequeñas las viviendas, quítales más de la mitad.
Chava Flores, un cronista popular del siglo pasado, escribió una canción que decía: “Mira Bartola, ahí te dejo estos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, de lo que sobre, ahí te doy para tu gasto…” Así está el gobierno…
“Mira Infonavit, ahí te dejo 2%, de lo que quede (con el otro 3%) pagas el seguro al desempleo”. ¡Cuánta generosidad! piensan algunos incautos. Sobre todo cuando ya no sabe uno qué es mayor, si el porcentaje de desempleados o el de casas abandonadas del país, departamentos que no están en asentamientos irregulares, sino en fraccionamientos autorizados, producto de un crecimiento urbano salvaje, promovido en las zonas más vulnerables. Por eso estamos como estamos.
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