domingo, 2 de octubre de 2016

Cortina de humo tricolor

ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
Ni son todos los que están ni están todos los que son en la sanción que el PRI impuso al gobernador Javier Duarte de Ochoa y su comparsa.

Faltaron algunos, pero no sobró ninguno. Todos tienen cola que les pisen…

Para el PRI resulta muy fácil disponer de su propia estructura para crear expectativas falsas sobre la posible e hipotética sanción que lleve a la cárcel a Duarte; sin embargo, la estrategia tiene de origen todo un proceso que nada tiene que ver con el desgaste del que se dice objeto el partido y sí, y mucho, con la consolidación de ese instituto político.

En primer lugar, el tricolor hace creer que la cobertura de su militancia es una especie de fuero, el cual permite impunidades dentro y fuera del gobierno. Ser priista les protege de ser sancionados por diferentes excesos. Sin embargo, todo tiene un límite pareciera dar a entender la cúpula partidista, el límite, desde luego, lo ponen ellos.

Una vez que ese fuero fue retirado de la figura de Javier Duarte y otros seis priístas, está el factor tiempo. A un mes de que abandone la gubernatura, el PRI debe parecer imparcial a la hora de concursar por un puesto de elección popular.

En 2017 habrá tres gubernaturas que deberá ganar: la joya de la corona, que es el Estado de México, la suerte puede acabar y dar un giro de manera radical, como para dejar al PRI en el tercer lugar de la contienda.

Los otros dos estados son Coahuila y Nayarit. El primero deja, al igual que el Estado de México, un mal sabor de boca los excesos de sus actuales gobernantes y de ahí que el PRI deba aparentar meter orden en sus filas.

El tercer factor que impulsa a la cúpula del tricolor ajustar cuentas con sus ex militantes tiene que ver directamente con las presiones como partido y como gobierno tiene no sólo desde las bases, a las que nunca ha atendido debidamente sino del exterior.

El PRI quiere agotar en esta expulsión toda sanción posible contra estos personajes; sin embargo, los veracruzanos se preguntan qué proceso sigue para dar fin a un acto de justicia que concluya con la reclusión en la cárcel de Javier Duarte y sus secuaces.

Si el PRI convierte el hecho de dejar sin derechos partidistas a sus militantes en un pasaporte a la cárcel, dentro de sus filas habrá una revuelta; si el PRI, agota en la expulsión de sus militantes la sanción, acusados de desprestigiar el partido, habrá un voto de castigo muy severo que le afectará en las elecciones de 2017 y, sobre todo, las de 2018.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI acordó la suspensión de derechos de militante al gobernador de Veracruz, Javier Duarte y seis de sus colaboradores, dada la gravedad de las acusaciones y la afectación a la imagen del partido.

En un hecho inédito y luego de más de una hora de sesión, Juan Carlos Rodríguez García, exdirector jurídico de Sedesol de Veracruz, cuya firma aparece en todos los contratos que la dependencia dio a empresas fantasma mediante adjudicaciones directas y licitaciones cerradas.

Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, es un personaje muy cercano a Javier Duarte, el pasado 4 de agosto renunció a su cargo para esclarecer el origen de su patrimonio personal y las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito, luego de que un diario de circulación nacional, publicara que posee por lo menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos, además de que es socio o propietario de 24 empresas.

Israel Ramos Mange, es hijo de Raúl Ramos Vicarte, director del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Veracruz, el órgano ante el que precisamente se inscriben las actas constitutivas de las empresas. En 2013, Iván Ramos Mange, otro hijo de Raúl Ramos Vicarte, recibió su patente como aspirante a notario de parte del gobernador Javier Duarte.

Daniel Cordero Gálvez, fue el notario que dio fe de la constitución de tres empresas: Publicidad Akkira, el 16 de mayo de 2012; Marvercarr, el 30 de julio de 2012; y Bloques 2DM, el 31 de mayo de 2013. Los domicilios de esas compañías corresponden a terrenos baldíos o casas semi abandonadas.

Gabriel Deantes Ramos, oriundo de Tamaulipas, ex secretario del Trabajo y ex subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, es un ex priistaque se ha amparado penalmente para evitar ser detenido, ante las acusaciones que pesan en su contra por enriquecimiento ilícito. Durante las pasadas elecciones en Veracruz, Deantes Ramos se vio involucrado en un audio en el que explica un plan para dejar un fondo millonario al próximo gobernador, siempre y cuando el candidato del PRI ganara las elecciones.

La razón por la que se encuentra dentro de la estructura de gobierno este tamaulipeco es simple: es primo hermano, socio y prestanombres nada menos que de Alberto Silva Ramos, el hombre más cercano y oscuro de la administración de Javier Duarte.

Por extrañas razones Alberto Silva no sólo está fuera de esta sanción, debiendo ser uno de los más castigados, porque sobre él pesan más responsabilidades ilícitas que muchos de los seis que son expulsados del partido. Alberto Silva es diputado federal con licencia para ocupar el cargo de Coordinador de Comunicación Social, desde donde creó una guerra sucia contra el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares. Y no tendrá sanción alguna, a pesar de ser un encubridor de todas las anomalías que como gobernador Javier Duarte realizó durante su mandato.

Otro quien debiera estar sancionado en este grupo de delincuentes de cuello blanco es Vicente Benítez, El señor de las maletas, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, quien fuera detenido en 2012, en el aeropuerto de Toluca en poder de varias maletas con 25 millones de pesos en efectivo. Ahora diputado local electo, que gozará de impunidad por otros tres años.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, inició sesión después de las 18:00 horas para desahogar el procedimiento contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de actos de corrupción.

El presidente de la Comisión, Fernando Elías Calles detalló que se llevó a cabo una revisión minuciosa y una ponderación escrupulosa de los antecedentes, las condiciones jurídicas y de los elementos con que se cuenta, para dar trámite a las denuncias interpuestas por los militantes del partido contra el mandatario estatal y colaboradores de su gobierno, con militancia priista.

Además de Elías Calles, presidente de la comisión; integran la instancia de justicia Héctor Gutiérrez de la Garza, el senador Arturo Zamora, Mónica Clara Molina, Laura Zapata Martínez, Arturo Ugalde y Sergio Cuevas…
Fuente: http://politicosaldesnudo.com.mx/

No hay comentarios: