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El día 08 de abril de 2016 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) acordó admitir la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para el Estado de Veracruz (AVGM). Con fecha 24 de marzo de 2017, el gobierno del Estado de Veracruz aceptó las recomendaciones emanadas del Informe del Grupo de Trabajo de la AVGM por agravio comparado. Un año y cinco meses después, el gobierno veracruzano no establece estrategias efectivas para la prevención de la violencia contra las niñas y mujeres; a casi seis meses de aceptar las recomendaciones, en un acto de caciquismo legislativo y violando el propio marco jurídico interno, los diputados Bingen Rementería Molina, Gregorio Murillo Uscanga, Teresita Zuccolotto Feito (PAN) y el Dip. Carlos Antonio Morales Guevara (PRI), desecharon, sin generar razonamientos jurídicos válidos, la iniciativa que reformaba el Código Penal en sus artículos 149, 150 y 154d; Haciendo omisión de las recomendaciones del Grupo de Trabajo e incumpliendo el indicador principal del Informe de la AVGM por agravio comparado.
La decisión legislativa de rechazo a la iniciativa de reforma al código penal es violatoria de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos que instan a generar reformas legislativas que permitan garantizar el acceso a servicios especializados de salud incluyendo la Interrupción Voluntaria del Embarazo (considerando 12 semanas y excluyentes de responsabilidad penal), eliminar el plazo de 90 días en caso de violación y considerar la casual de salud, urgente para la entidad.
Sin mediar razonamiento jurídico, el argumento utilizado para su rechazo fue la actual reforma al artículo 4to constitucional de “protección a la vida desde el momento de la concepción”. El tema no recae en lo que menciona el cuarto constitucional, ya que no afecta la forma. Por el contrario, reconoce excepciones legales, que permiten legislar sobre la interrupción legal del embarazo y sus causales sin restricción alguna, en tanto se garanticen los derechos humanos de las mujeres.
En los últimos seis meses, el desarrollo de mesas de trabajo con secretaría de salud y diversas autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, en el marco del periodo de cumplimiento de dichas recomendaciones, evidenció la falta de coordinación institucional para la generación de estrategias efectivas, así como el nulo acceso a la IVE y el desconocimiento e incertidumbre que genera el marco jurídico a los prestadores de servicios de salud.
Por tanto las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la protección, acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas veracruzanas, manifestamos indignación por la falta de compromiso y en incumplimiento de obligaciones de las autoridades legislativas. Cabe resaltar, que contaron con los argumentos y estándares que fueron allegados por Naciones Unidas, así como información clara, laica y científica de organizaciones estatales y nacionales. Sin embargo, acabaron con un dictamen que ignoró el grave contexto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas veracruzanas.
De lo anterior se denuncia que el dictamen del orden legislativo no tomó en cuenta las consideraciones emitidas por el Grupo de Trabajo en cuyas recomendaciones evidencian un marco legal discriminatorio, restrictivo y transgresor de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres en Veracruz. A pesar de haberse acreditado la existencia de una agravio comparado, el órgano legislativo incumple el indicador principal del Informe de la AVGM por agravio comparado emitido por CONAVIM. Exigimos garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas. El rechazo a la reforma al código penal vulnera la salud y vida de las mujeres y evidencia la cerrazón de las y los legisladores para garantizar los derechos de niñas y mujeres en la entidad veracruzana.
Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
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