La Corte de Distrito del Norte de California en Estados Unidos desestimó todos los reclamos del controvertido caso en el que la importante empresa maderera Resolute Forest Products interpuso en contra de Greenpeace Inc., Greenpeace Fund y Greenpeace International, Stand.earth y otros acusados. Incluidas también las demandas en el marco de la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).
La decisión de la Corte envía un mensaje claro a las corporaciones y es enfática en que no tolerarán los ataques contra los valores democráticos centrales como la libertad de expresión y la legítima defensa en asuntos de interés público.
El juez de distrito Jon S. Tigar escribió que desestima el caso en el que "el discurso de los acusados se apegó a la expresión de opinión o puntos de vista diferentes que [son] una parte vital de nuestra democracia".
Señalando que "las publicaciones de Greenpeace en cuestión dependen de información científica, investigación o hecho", el juez agregó que "La academia, y no la Corte, es el lugar apropiado para resolver desacuerdos científicos de este tipo".Resolute podrá reformular su presentación como una formalidad, pero Greenpeace confía en que cualquier intento de ese tipo tendrá un destino similar.
El Consejero General de Greenpeace Estados Unidos, Tom Wetterer, dijo en respuesta a la decisión:
"Nos complace que el tribunal se haya expresado inequívocamente a este intento de abusar de nuestro sistema legal y silenciar las críticas legítimas sobre asuntos de interés público. Esta es una noticia muy positiva para todos nosotros, por los valores que compartimos y por el bosque boreal de Canadá. La afirmación de Resolute de que las organizaciones y activistas comprometidos con la conservación de los bosques eran parte de una empresa criminal es absurda y un triste síntoma de un ataque más amplio contra los derechos constitucionales y la democracia”.
Añadió que “los alegatos de la empresa maderera fueron un claro intento de silenciar las voces que abogan por el medio ambiente. Recientemente, Energy Transfer Partners -la compañía petrolera que se encuentra detrás del Dakota Access Pipeline- decidió seguir un camino sorprendentemente similar bajo el ala legal de nada menos que la firma de abogados de Trump. Las similitudes son evidentes y estas estrategias poco claras que atentan contra la libertad de expresión deberían ser una causa de preocupación real. Estamos agradecidos de que el tribunal haya demostrado hoy que las estrategias utilizadas no llegarán a ninguna parte, pero eso no significa que los matones corporativos como ETP no dejen de intentar usarlo.
"El caso de Energy Transfer dejó en evidencia muchos de los argumentos y demandas legales hechas contra Greenpeace por la firma Kasowitz en nombre de Resolute. La decisión sobre la demanda resuelta debe ser una clara indicación de que el caso de Energy Transfer no tiene futuro. Ambos son SLAPP clásicos, o demandas estratégicas contra la participación pública. Estos casos no buscan justicia. Pretenden silenciar la libertad de expresión a través de un litigio costoso y lento. Este patrón de hostigamiento por parte de los acosadores corporativos liderados por los abogados de Trump debe detenerse".
El Campañista Senior de Bosques de Greenpeace Estados Unidos, Daniel Brindis, agregó:
"La decisión del juez de desestimar el caso afirma que las tácticas divisorias y de intimidación de Resolute son una pérdida de tiempo y recursos. Es hora de que Resolute finalmente trabaje con organizaciones medioambientales, incluidas Greenpeace, para abordar sus operaciones forestales destructivas y forjar un camino colaborativo y sostenible. En lugar de gastar recursos más valiosos para enmendar esta demanda, Greenpeace espera que Resolute finalmente esté listo para trabajar en conjunto para encontrar soluciones”.
“Miles de personas en Canadá y en todo el mundo han pedido la protección del bosque, es hora de que Resolute las escuche también. El mundo necesita un bosque boreal saludable y juntos podemos desarrollar soluciones sostenibles a largo plazo que respeten los derechos de los pueblos indígenas, protejan a las comunidades locales y garanticen la supervivencia de especies en peligro como el Caribú Woodland”, concluyó Brindis.
Fuente: Greenpeace
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