ENVIADO A VAXTUXPAN
Por Alfonso Ramírez Cuellar
Imagen: Redes Sociales
• De acuerdo a datos oficiales, más de 35 millones de mexicanos viven una situación de poca disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad.
• Uno de cada seis acuíferos presenta problemas de sobreexplotación, por lo que la certeza jurídica entre usuarios por parte de la autoridad evitaría conflictos sociales.
En este caso, la inacción y omisión de Conagua y la Profepa, ante las inconformidades presentadas por los habitantes del ejido Benito Juárez, motivaron a los pobladores a manifestar su inconformidad.
• Específicamente, la Cuenca Hidrológica Río del Carmen es explotado de manera ilegal por parte de la familia Le Barón, con la anuencia del gobierno estatal y la protección de la Policía Federal. Esta conducta fuera de la ley, contraviene la prohibición explícita declarada desde el año 1956, de otorgar nuevas concesiones para explotación de agua en dicha cuenca.
• Es importante destacar que en el año 2017, el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, acordó la realización de un operativo para cancelar pozos ilegales en la cuenca Hidrológica Río del Carmen,
que suman alrededor de 395.
• Por esta razón, en 2017, autoridades de Conagua intentaron ingresar al predio de los Le Barón, acto que les fue impedido. Sin embargo, en esa ocasión funcionarios de Profepa y productores, pudieron ingresar y detectaron un Pozo Agrícola para más de 110 hectáreas y 11 pozos listos para extraer de forma ilegal, más agua.
• Esta acción provocó que la familia Le Barón desmantelara el pozo que operaba ilegalmente, pues los documentos que presentaron no correspondían al volumen extraído.
• En diciembre de 2017, una delegación de la Dirección General de Inspección de la Conagua, se presentó a clausurar nueve pozos que no cuentan con los permisos para operar. De igual forma, se presentaron denuncias ante la Procuraduría General de la República, por daños ambientales y cambio de uso de suelo sin las autorizaciones correspondientes, así como extracción de agua sin concesión. Hasta el momento no se ha dado seguimiento a dichas disposiciones.
El Barzón Nacional manifiesta su preocupación por la impunidad y cobijo de la autoridad con la que actúan los integrantes de la familia Le Barón. Sus actividades fuera de la ley, además de violentar disposiciones constitucionales, afectan directamente la vida de miles de productores en Chihuahua. Por tal motivo, exigimos al gobernador Javier Corral Jurado, emita acciones precautorias para
evitar futuros enfrentamientos y haga cumplir las disposiciones legales vigentes en materia de explotación ilegal del agua.
Su gobierno, en lugar de alardear acerca de la alternancia, debe mostrar su capacidad y autoridad para defender a los ciudadanos y mantener vivo el estado de derecho.
A la familia Le Barón le exigimos que cese su conducta violenta y respete los ordenamientos legales. Su capacidad económica e influencia política no deben estar por encima de los derechos humanos de productores y del medio ambiente.
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