Sin fundamento los cobros administrativos realizados por las autoridades.

Orlando Segura Hervert.
Diversos casos está gestionando y tramitando Héctor Gerardo Peralta Torres, son asuntos relacionados con cobros indebidos realizados por diversas autoridades, indica que los funcionarios están llegando a los hogares y solo se han dedicado a amenazar a los ciudadanos, los presionan con que les van a quitar sus propiedades y la aplicación de determinadas multas que muchas de las veces son más caras que el terreno o el predio en cuestión.
El Presidente del Comité en Defensa de los Derechos del Pueblo A. C., afirma que no hay sustento ni fundamento en muchas de las actuaciones de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, pone por ejemplo, un caso de una persona del municipio al que le quieren obligar a pagar determinada cantidad porque no cuenta con los permisos, el dirigente explica que de acuerdo al Código Hacendario, en el caso de que el habitante haya incurrido en una falta, solo le deben poner la tarifa mínima establecida en la normatividad.
El entrevistado muestra algunos documentos en los que se pretendía aplicar una infracción exorbitante, por una construcción de 2.60 x 2.50 metros, algo así como 56 metros cuadrados por 54 mil pesos, al hacer la apelación se la redujeron a 8 mil pesos, de todos modos se sale de lo que indica las propias leyes y reglamentos.
El líder de la agrupación expresa que la sociedad tiene que aprender a organizarse, a defenderse y no dejarse, apelar cuando lo tenga que hacer, evitar con argumentos jurídicos cualquier arbitrariedad.
La colectividad tiene que informarse, analizar el marco jurídico, solicitar asesoría y cando considere que se le está aplicando normas contrarias al derecho, puede acudir a ciertas instancias como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahí les reciben la documentación. Si en el ámbito de su competencia, consideran que la queja no es procedente, la rechazan, pero si hay elementos de prueba, la aceptan y se sigue el procedimiento, en ocasiones se obliga a la autoridad tanto municipal como estatal a la reparación del daño.
Peralta Torres, urgió a no desanimarse y si por el contrario, a defenderse conforme a los elementos del derecho.