Por Orlando Segura Hervert.
2 agencias del ministerio público del fuero común, una conciliatoria, así como la especializada y las oficinas de la Subprocuraduría, son insuficientes para atender a toda la población tuxpeña. El personal no se da abasto y la atención es deficiente porque no caben en los espacios designados para la sala de espera. Ese es el común denominador de las instancias encargadas de abrir las averiguaciones previas, procurar la justicia que por su propia naturaleza no puede ser ni pronta, ni expedita ni mucho menos gratuita, contradiciendo la normatividad que le da fundamento.
Para empezar, manifestaron varios abogados consultados al respecto, hace falta otra oficina (agencia del ministerio público), porque la población ya creció, así como la tendencia al alza de los delitos y violaciones al marco del derecho, tan solo en el período de enero, extraoficialmente el robo de automóviles se incrementó a dos ilícitos diarios de éste tipo, aparte de los robos a transeúntes, casa habitación o a los establecimientos. Todo ello implica que la chamba aumentó.
Los datos son celosamente guardados, si se les cuestiona a los funcionarios en torno a las estadísticas, procurar evadir el tema, solo responde que este o aquel delito disminuye o se eleva, pero hasta ahí, las cifras las tienen a la mano los secretarios, pero éstos no los dan a conocer hasta que les ordenan o instruyen sus jefes inmediatos.
Los litigantes opinan que de manera inmediata urge que todas las instancias funcionen en un mismo lugar, agrandar el espacio, construir instalaciones confortables y en donde puedan llegar y sentarse, aparte de lo anterior, hay que eliminar archiveros viejos y escritorios inservibles, darle otra presentación al rostro de la justicia. Lo que implica recursos, tiempo y esfuerzo, mayor presupuesto.
Por otra parte, la mayoría de la población desconoce la era de la tecnología, poca utilidad ha tenido las denuncias por internet, porque además, los que se incorporaron a este sistema, tienen que acudir a ratificar ciertos datos, ante tal situación, el modelo está ahí, pero no hay una reactivación que posibilite el cambio y que fortalezca la aplicación de la justicia, consecuentemente el combate efectivo de la actividad ilícita.
2 agencias del ministerio público del fuero común, una conciliatoria, así como la especializada y las oficinas de la Subprocuraduría, son insuficientes para atender a toda la población tuxpeña. El personal no se da abasto y la atención es deficiente porque no caben en los espacios designados para la sala de espera. Ese es el común denominador de las instancias encargadas de abrir las averiguaciones previas, procurar la justicia que por su propia naturaleza no puede ser ni pronta, ni expedita ni mucho menos gratuita, contradiciendo la normatividad que le da fundamento.
Para empezar, manifestaron varios abogados consultados al respecto, hace falta otra oficina (agencia del ministerio público), porque la población ya creció, así como la tendencia al alza de los delitos y violaciones al marco del derecho, tan solo en el período de enero, extraoficialmente el robo de automóviles se incrementó a dos ilícitos diarios de éste tipo, aparte de los robos a transeúntes, casa habitación o a los establecimientos. Todo ello implica que la chamba aumentó.
Los datos son celosamente guardados, si se les cuestiona a los funcionarios en torno a las estadísticas, procurar evadir el tema, solo responde que este o aquel delito disminuye o se eleva, pero hasta ahí, las cifras las tienen a la mano los secretarios, pero éstos no los dan a conocer hasta que les ordenan o instruyen sus jefes inmediatos.
Los litigantes opinan que de manera inmediata urge que todas las instancias funcionen en un mismo lugar, agrandar el espacio, construir instalaciones confortables y en donde puedan llegar y sentarse, aparte de lo anterior, hay que eliminar archiveros viejos y escritorios inservibles, darle otra presentación al rostro de la justicia. Lo que implica recursos, tiempo y esfuerzo, mayor presupuesto.
Por otra parte, la mayoría de la población desconoce la era de la tecnología, poca utilidad ha tenido las denuncias por internet, porque además, los que se incorporaron a este sistema, tienen que acudir a ratificar ciertos datos, ante tal situación, el modelo está ahí, pero no hay una reactivación que posibilite el cambio y que fortalezca la aplicación de la justicia, consecuentemente el combate efectivo de la actividad ilícita.
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