La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) presentó las amenazas de la reforma energética, aprobada en el Senado, que afectarán a la población y el medio ambiente.
Entre ellas se destaca el despojo de tierras a favor de la explotación de hidrocarburos, el Fracking, técnica que llevaría al abandono de tierras después de dos años, tiempo en el que los pozos explotados podrían alcanzar de 81 a 90% de declinación en la productividad; esto obligaría a las empresas a buscar constantemente nuevas zonas donde perforar yacimientos.
Gracias a la Ley de Hidrocarburos, los dueños de las tierras quedan completamente indefensos, ya que el Estado puede obligarlos a rentar sus tierras a empresas petroleras, con la justificación de servidumbre legal, ocupación y afectación superficial, donde la extracción de estos recursos tienen prioridad sobre cualquier uso de tierras.
No conformes con esto, la Ley de la Industria Eléctrica promueve que la fracturación hidráulica, la energía nuclear y las grandes hidroeléctricas sean consideradas “energías limpias”, cuando no lo son, por el alto consumo de agua y energía que representan; así como la emisión de gases de Efecto Invernadero que generan y la contaminación del agua con químicos y metales pesados.
Por otra parte, las Áreas Naturales Protegidas continúan en riesgo de ser dañadas, gracias a que se permitieron procesos de la industria energética dentro de ellas como la transportación de combustibles, construcción de ductos y el tendido eléctrico. Con todos estos argumentos la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) exigió a los diputados la prohibición de la Factura Hidráulica para garantizar que las leyes energéticas no pongan en riesgo los derechos humanos ni la sostenibilidad ambiental y energética del país.
Fuente: Greenpeace.
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