martes, 26 de diciembre de 2017

Fiscal juez y parte

ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña

Cuando se trata de hacer bien las cosas no hay como hacerlas uno mismo, y esto fue lo que hizo el gobernador de Veracruz a la hora de encabezar el operativo de rescate del Doctor Gerardo Ahued Bardahuil, cerca de Xalapa luego de ser víctima de un secuestro.

El operativo fue realizado por la plana mayor de la seguridad en Veracruz, el propio Gobernador Yunes, el Fiscal Jorge Winckler Ortiz, el Secretario de Seguridad Jaime Téllez Marié y el Secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán.

Como tropa se ocupó a representantes de las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y Marina, Policía Federal y Procuraduría General de la República.

Desde la llegada de Javier Duarte al poder, y ya en los seis años anteriores, los secuestros en Veracruz se convirtieron en un delito que no podía detenerse, si a estos le sumamos los levantados por el crimen organizado, las rencillas que hay entre políticos e implican el secuestro de algunos enemigos, vemos que las desapariciones en el estado se convierten en el pan de cada día.

La gran mayoría de esos delitos están impunes, no existe la disposición de nadie por resolverlos. Es decir, ante la mayoría de los secuestros y levantamientos en Veracruz, el gobernador permanece indiferente.

Sólo bastó con que se tratara de un político para que él mismo encabezara el operativo que lo llevara al rescate de Gerardo Ahued, quien es director de la Clínica para el dolor, ubicada en la avenida Araucarias 241, del fraccionamiento Indeco Animas. A las 24 horas del plagio fue rescatado.

Ricardo Ahued, hermano del secuestrado, y precandidato a la senaduría de Veracruz por Morena, agradeció a la población las muestras de apoyo que dieron a su familia.

La ineficacia de la aplicación de la justicia en el país en general y en Veracruz en particular crece de tal suerte que el ciudadano común y corriente se siente desprotegido ante la ineficacia y discrecionalidad de quienes operan las leyes en el país.

Una muestra clara de esta ineficiencia es que cuando les interesa solucionar el conflicto lo hace en 24 horas, como sucedió con este secuestro. Cuando no hay interés en cumplir con su trabajo simplemente dejan que los secuestrados mueran en manos de los delincuentes sin que haya castigo para los plagiarios.

La justicia en Veracruz se ha convertido en una suerte de purgatorio donde el fiscal, Jorge Winckler, amigo del gobernador desde hace años, decide quién es el culpable de delitos, sin investigación de por medio. Simplemente amparado en su cargo de fiscal, usurpando funciones de juez.

Por ejemplo, Gumaro Pérez, reportero del portal de noticias La Voz del Sur, fue asesinado a balazos dentro de la escuela primaria donde estudiaba su hijo, mientras se llevaba a cabo una posada navideña. La fiscalía no sólo aseguró que no era periodista, porque ya no trabaja en los medios donde ejercía su oficio anteriormente, sino que estaba relacionado con el crimen organizado.

Es decir, aquí el poder político se convierte en una especie de monopolio de la verdad, y tiene como principales instrumentos a los medios y sus propios funcionarios. Este esquema de comprar espacios en los medios para difundir la sentencia de un fiscal como si se tratara del producto de una investigación la crearon Javier Duarte y Alberto Silva Ramos. Uno decía una mentira y el otro pagaba para que se difundiera hasta convertirse en verdad absoluta cuando en realidad era una falsedad.

Así, ahora la justicia en Veracruz procede de la manera en que más le conviene. Si asesinan a un periodista antes que iniciar la investigación sobre las evidencias buscan comprobar que sea verdad que era periodista, si pueden declarar que no lo era o que dejó de serlo esa es la nota principal del caso y el asesinato con premeditación alevosía y ventaja, pasa a ser secundario. Aquí lo que le interesa resaltar al gobierno veracruzano es que no era periodista, y ya luego inventan el resto de la historia, sin investigación o sin sentencia, según el caso.

El caso del anterior asesinato, el de Cándido Ríos Vázquez fue exactamente lo mismo, la Fiscalía dijo que estaba relacionado con el crimen organizado. Es decir, que pareciera que la actividad más cercana al narcotráfico es el periodismo y se olvidan de los bancos que lavan dinero, de los políticos corruptos que permiten esa actividad, de los jueces que condonan penas a los capos, etc.

Pero cuando se trata de algo que pueda incrementarles el desgastado capital político actúan de acuerdo con sus responsabilidades originales y hasta llegan al extremo de investigar, actividad que rara vez realizan. Este fue el caso del secuestro de Gerardo Ahued.

El empresario Ricardo Ahued Bardahuil aseveró que no se irá de Veracruz luego de que su hermano Gerardo fuera víctima de secuestro, “no nos vamos de Veracruz, le apostamos a vivir, venimos a vivir y morir en Veracruz”.

Aquí lo que le interesaba al gobernador es que no se pensara que en Veracruz también existe una guerra contra Morena, como acontece en el resto del país y que el secuestro tuviera móviles políticos, por tratarse del hermano de un precandidato a la senaduría por ese partido.

La Fiscalía de Veracruz trabajó -contra su costumbre- en el caso y lo resolvió.

En cuanto a los periodistas asesinados en el estado, a la Fiscalía le interesa en primer lugar que no sean periodistas, de tal manera que puedan asegurar que no se continúa con la misma represión que ejercía contra el gremio Javier Duarte y Alberto Silva. Y se trata de hacer diferencias con la banda de Duarte para poder ganar votos el 1 de julio.

Los asesinatos de periodistas en Veracruz traspasan frontera cada vez que suceden y hasta la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, se dijo indignada por el asesinato de Gumaro Pérez Aguilando, en Acayucan Veracruz.

La justicia en Veracruz tiene dueño, no la ejerce el gobierno sino poderes que alrededor del gobierno imponen su propia ley. PEGA Y CORRE. - Yunes quiere ser sucedido en el poder por su hijo, como sucede en las decadentes monarquías que sólo dejaron miseria y desigualdad en el mundo. Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, Veracruz, ha entregado su registro ante la autoridad electoral para competir por el puesto que próximamente abandonará su padre…
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