Xalapa, 2 de noviembre de 2008
Con toda responsabilidad y dentro de sus facultades como partido político comprometido con el bien social, Acción Nacional promueve desde el pasado miércoles 29 por conducto de su fracción legislativa en el Congreso local, una iniciativa que ayudará a salvaguardar la seguridad de los veracruzanos: la Ley de Extinción de Dominio, norma jurídica con la cual se procura restar posibilidades de acción a las bandas de la delincuencia organizada.Con la aprobación de esta iniciativa que esperamos autoricen pronto todos los partidos, el Gobierno de la entidad contará con un mecanismo jurídico para aplicar en su favor los bienes acreditados como instrumento, objeto o producto de delitos derivados de la delincuencia organizada como secuestro, narcotráfico, robo de vehículos y trata de personas, entre otros.
Esta iniciativa está inscrita en el marco de las acciones contundentes con las que el Presidente de la República, Felipe Calderón, está dispuesto a hacer frente al crimen organizado, presentada el 19 de septiembre a nivel federal.De aprobarse esta iniciativa, la autoridad judicial podrá determinar la pérdida de dominio de bienes de procedencia ilícita en favor del Gobierno del Estado de Veracruz, con base en un procedimiento jurisdiccional, legal e independiente al proceso penal que se siga por los delitos vinculados a la delincuencia organizada.
Acción Nacional busca fortalecer las políticas federales de combate a la delincuencia organizada y por esto mismo presentó esta iniciativa en Veracruz, con el fin de cortar todo tipo de flancos que los delincuentes pudieran tener.Con esta herramienta legal se pretende combatir tanto el financiamiento de quienes delinquen, como aquellos que se benefician directamente o indirectamente del producto de dichos delitos. Para lograr la extinción de dominio, el Gobierno del Estado deberá generar eficientes mecanismos de investigación para establecer el origen ilícito de patrimonios y fortunas realizadas al margen de la ley.
De esta forma, se pretende proceder en casos en donde las propiedades sean utilizadas para ocultar o mezclar bienes producto del delito, y cuando sean utilizadas por un tercero para este mismo fin cuyo dueño, pese a tener conocimiento del acto, no lo haya impedido o notificado a la autoridad.También se aplicará en caso de que los bienes estén intitulados a nombre de terceros pero existan elementos suficientes para determinar que son producto de delincuencia organizada y de delitos patrimoniales y, el acusado de dichos delitos se ostente o comporte como dueño.
Una parte importante de la iniciativa presentada el miércoles pasado por los diputados locales de Acción Nacional, buscará que exista una vigilancia especial para evitar sean vulnerados derechos de terceros y se les garantice certidumbre jurídica a quienes no estén involucrados en actividades ilícitas.Esta iniciativa prevé que el Juez realice la promoción y el desahogo de pruebas para garantizar certeza jurídica a las partes involucradas, además de contemplar las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes incautados bajo la extinción de dominio, como son el aseguramiento o el embargo de bienes.
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