Por: Lic. Imelda Torres SandovalEn 1856 el ministro Miguel Lerdo de Tejada promovió la Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, conocida también como Ley de Desamortización o Ley Lerdo. El propósito expreso era hacer circular la tierra en manos muertas, mediante su adjudicación a los arrendatarios. Dicho ordenamiento, junto con la llamada Ley Juárez, que establecía el Registro Civil y secularizaba los cementerios, fue la causa principal de la guerra civil que estalló en 1857.
A pesar que en su artículo 8º la Ley Lerdo excluía de la desamortización a "los ejidos y terrenos destinados al servicio público de las poblaciones a que pertenezcan", en el artículo 27 de la Constitución de 1857 ya no se incluyó ese "candado" de la Ley Lerdo. Eso implicó que las tierras ejidales de los pueblos sí podrían ser objeto de denuncia y compra por parte de los particulares que se hicieran pasar como posesionarios o arrendatarios.
Las voces de protesta contra el despojo a los pueblos indígenas, promovida por el gobierno juarista liberal, en el Congreso Constituyente de 1856 fueron las de los diputados Ponciano Arriaga, José Ma. Del Castillo Velasco e Isidoro Olvera. El primero pronunció un encendido y razonado discurso tendiente a limitar la propiedad de la tierra y propuso que se afectaran las fincas rústicas, para dotar con tierra a las poblaciones que carecieran de ella, lo que iba en contra de los principios del liberalismo dominante en el Congreso, por lo que las propuestas de Ponciano Arriaga no fueron bien recibidas por los legisladores que estaban creando la Carta Magna de 1857.
Así, el triunfo de la República significó también la derrota de las comunidades indígenas, que resintieron todo el peso de las leyes liberales.
A pesar que en su artículo 8º la Ley Lerdo excluía de la desamortización a "los ejidos y terrenos destinados al servicio público de las poblaciones a que pertenezcan", en el artículo 27 de la Constitución de 1857 ya no se incluyó ese "candado" de la Ley Lerdo. Eso implicó que las tierras ejidales de los pueblos sí podrían ser objeto de denuncia y compra por parte de los particulares que se hicieran pasar como posesionarios o arrendatarios.
Las voces de protesta contra el despojo a los pueblos indígenas, promovida por el gobierno juarista liberal, en el Congreso Constituyente de 1856 fueron las de los diputados Ponciano Arriaga, José Ma. Del Castillo Velasco e Isidoro Olvera. El primero pronunció un encendido y razonado discurso tendiente a limitar la propiedad de la tierra y propuso que se afectaran las fincas rústicas, para dotar con tierra a las poblaciones que carecieran de ella, lo que iba en contra de los principios del liberalismo dominante en el Congreso, por lo que las propuestas de Ponciano Arriaga no fueron bien recibidas por los legisladores que estaban creando la Carta Magna de 1857.
Así, el triunfo de la República significó también la derrota de las comunidades indígenas, que resintieron todo el peso de las leyes liberales.
Me atrevo afirmar que nos han vendido la cara menos oscura de Benito Juárez. Nos hacen estudiar una hermosa historia de un pastorcito que tocaba la flauta y cuidaba ovejas en San Pablo Guelatao, y que de repente se convirtió en Presidente de la República. Y nos lo presentan como el paradigma del hombre humilde, indígena y pobre, del mexicano común que llegó a ser un prócer de la Patria.
Pero lo que no nos explican es lo que significa que Juárez fuera uno de los máximos defensores del liberalismo económico del siglo XIX. La enseñaza de la Historia en México se olvida de descifrar la política juarista con relación a la tenencia de los pueblos indígenas.
En las aulas donde se enseña Historia de México, se nos olvida decirle a los alumnos de la Sierra Oaxaqueña, de la de Chiapas, de la de Veracruz, de la Huasteca Potosina, de la de Sonora, que gracias a las leyes expedidas por Benito Juárez, entre ellas la conocida Ley Lerdo, muchos pueblos indígenas fueron despojados en aras de la modernización del México del siglo XX.
Pero lo que no nos explican es lo que significa que Juárez fuera uno de los máximos defensores del liberalismo económico del siglo XIX. La enseñaza de la Historia en México se olvida de descifrar la política juarista con relación a la tenencia de los pueblos indígenas.
En las aulas donde se enseña Historia de México, se nos olvida decirle a los alumnos de la Sierra Oaxaqueña, de la de Chiapas, de la de Veracruz, de la Huasteca Potosina, de la de Sonora, que gracias a las leyes expedidas por Benito Juárez, entre ellas la conocida Ley Lerdo, muchos pueblos indígenas fueron despojados en aras de la modernización del México del siglo XX.
Creo justo que en este Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, aprendamos algo mas sobre la Historia de nuestro país, dejando atrás la forma sacralizada y maniquea que nos han dibujado de Juárez.
No tengo empacho en homologar y comparar la política sobre tenencia de la tierra ideada por Juárez y la propuesta de reforma neoliberal para reformar la Ley Agraria en 1992, llevada a cabo por el gobierno salinista.
Ambas figuras políticas, Juárez y Salinas, coincidieron en que uno de los principales problemas del país era la existencia de muchos grupos indígenas, con costumbres y autoridades propias y una economía de subsistencia cerrada al mercado nacional. El atraso y aislamiento de los indios, según estos geniales tecnócratas, se debían al usufructo comunitario de sus tierras, lo que debilitaba las aspiraciones de progreso y los esfuerzos individuales. Por eso se postuló la expropiación de los ejidos, y las tierras de propios y de repartimiento, que podrían ser, incluso, adquiridas en propiedad plena por quienes las usufructuaban, e incluso por personas ajenas a la comunidad "desamortizada".
Así, Juárez le abrió la puerta a Porfirio Díaz para desarrollar y promover las compañías deslindadoras, que con el pretexto de “colonizar” los grandes territorios inhóspitos del Norte de nuestro país y la construcción de las líneas ferrocarrileras, arrebataron la propiedad de tierras comunales a pueblos indígenas que, en su momento, no pudieron demostrar “jurídicamente su propiedad”. Dichos pueblos no contaban, obviamente con una escritura o título de propiedad. Simplemente, ellos ya estaban aquí cuando los españoles llegaron. Y en la misma tónica, Salinas de Gortari inventó el PROCEDE, como instrumento jurídico que ha validado el despojo de las tierras más fértiles y ricas desde 1992 a la fecha, renovando la política liberal que considera ilegítima la posesión de las comunidades indígenas, sobre tierras que desde antes de la Colonización de América han pertenecido y pertenecieron a las comunidades indígenas.
Los “indios” les siguen estorbando a los liberales para modernizar al país, llámense juaristas o salinistas, pero se les olvida que el 51% del territorio nacional, todavía, se encuentra en manos de pueblos y comunidades agrarias.
No tengo empacho en homologar y comparar la política sobre tenencia de la tierra ideada por Juárez y la propuesta de reforma neoliberal para reformar la Ley Agraria en 1992, llevada a cabo por el gobierno salinista.
Ambas figuras políticas, Juárez y Salinas, coincidieron en que uno de los principales problemas del país era la existencia de muchos grupos indígenas, con costumbres y autoridades propias y una economía de subsistencia cerrada al mercado nacional. El atraso y aislamiento de los indios, según estos geniales tecnócratas, se debían al usufructo comunitario de sus tierras, lo que debilitaba las aspiraciones de progreso y los esfuerzos individuales. Por eso se postuló la expropiación de los ejidos, y las tierras de propios y de repartimiento, que podrían ser, incluso, adquiridas en propiedad plena por quienes las usufructuaban, e incluso por personas ajenas a la comunidad "desamortizada".
Así, Juárez le abrió la puerta a Porfirio Díaz para desarrollar y promover las compañías deslindadoras, que con el pretexto de “colonizar” los grandes territorios inhóspitos del Norte de nuestro país y la construcción de las líneas ferrocarrileras, arrebataron la propiedad de tierras comunales a pueblos indígenas que, en su momento, no pudieron demostrar “jurídicamente su propiedad”. Dichos pueblos no contaban, obviamente con una escritura o título de propiedad. Simplemente, ellos ya estaban aquí cuando los españoles llegaron. Y en la misma tónica, Salinas de Gortari inventó el PROCEDE, como instrumento jurídico que ha validado el despojo de las tierras más fértiles y ricas desde 1992 a la fecha, renovando la política liberal que considera ilegítima la posesión de las comunidades indígenas, sobre tierras que desde antes de la Colonización de América han pertenecido y pertenecieron a las comunidades indígenas.
Los “indios” les siguen estorbando a los liberales para modernizar al país, llámense juaristas o salinistas, pero se les olvida que el 51% del territorio nacional, todavía, se encuentra en manos de pueblos y comunidades agrarias.
Y se les olvida, también, que la riqueza y belleza que distingue a nuestro país descansa en la pluriculturidad de su sociedad y de su raza, aunque Juárez, siendo indio zapoteca de cepa pura, haya renegado de ella.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
2 comentarios:
muy buen intento. pero como le falto exponer mas sobre el lado oscurito del procer Juarez.
es bueno que se publiquen este tipo de articulos donde se exponga la verdad sin manipuleo. con rigor.
siga asi Lic.
Desde hace mucho sé que Benito Juárez y la historia de México es toda una novela tipo Televisa, llena de mentiras para embobar a las personas. Si quieres aprender realmente no leas los libros de historia que el sistema educativo nacional edita, menos con sus faltas de ortografía.
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