Por: Patricio González Quintanilla.
patgq52@gmail.com
A partir de 1994, cuando se crearon las 16 Administraciones Portuarias Integrales (APIS) como empresas mercantiles de propiedad federal para administrar los principales puertos comerciales mexicanos, se ha constatado un admirable avance que abarca desde una mejor relación con sus clientes y usuarios; un eficiente manejo en sus operaciones; mejoramientos y actualizaciones en su equipamiento, instalaciones e infraestructuras y en sus sistemas de seguridad portuaria.
Esto colocó a los puertos de México dentro de los exigentes estándares del comercio marítimo internacional, y se ha logrado gracias a un eficiente cuerpo de administradores y métodos de organización, acertadamente dirigidos hasta finales de 2008 por la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, adscrita a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (DGPMM).
A diferencia de los problemas internos y sindicales que entorpecen el cumplimiento de sus responsabilidades en las otras dos direcciones generales de la DGPMM, llámense la de Puertos y la de Marina Mercante, la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria había conservado una política de respaldo y continuo apoyo a nuevas ideas y fomento a la innovación de sus 16 filiales, haciendo a las APIS ejemplo de la administración publica federal y reconocidas como un grupo de empresas propiedad del gobierno con resultados positivos y generación de utilidades, mismas que hasta finales del 2008 eran reinvertidas en los propios puertos para mejorarlos y expandirlos, así como para realizar obras de beneficio comunitario en sus localidades, bajo los programas denominados Puerto-Ciudad.
Cabe recalcar la acertada gestión que la dirección mencionada realizaba tanto con la Secretaría de Hacienda como con la Secretaria de la Función Pública (SFP) para hacer cumplir los compromisos de inversión autorizados, retrasar lo mas posible la imposición de nuevos gravámenes a las APIS y de alguna manera tratar de controlar la cada vez mayor ingerencia- frustrante y coercitiva en muchos casos- de la SFP en los asuntos internos y en la administración de estas empresas.
Las dos mayores amenazas que presentan actualmente las APIS federales no tienen nada que ver con la crisis económica mundial. Sus principales enemigos son: (1) el propio Gobierno Federal y (2) el Narcotráfico Internacional y la Delincuencia Organizada.
Gobierno Federal
a) Gracias a una burocracia asfixiante activa que infecta a todo el sistema de administración pública, los empleados de niveles medios y superiores en las APIS dedican más del 60 por ciento de su tiempo a atender requerimientos internos de procedimientos engorrosos inter-dependencias y de una “normatividad” cada vez mas estúpida, que acota de manera creciente las capacidades de gestión y creatividad de los funcionarios públicos. Por otro lado, la imposición de sistemas como el ISO Europeo, funcional para cierto tipo de empresas pero que a través de varios años de aplicarlo en las APIS ha demostrado su ineficacia y costado hasta la fecha, decenas de millones de pesos –y euros- del contribuyente y miles de horas-hombre desperdiciadas para mantener unas certificaciones que a nadie le interesan.
b) Los constantes cambios de funcionarios de niveles medios, muchos de ellos de carrera y que representan los verdaderos operadores del sistema, que por el dedazo en turno son reemplazados con novatos sin experiencia en el área de su competencia.
c) La voracidad de una Secretaria de Hacienda cada vez más necesitada de recursos, que además de los pagos normales de impuestos que las APIS realizan como empresas mercantiles ahora están obligadas a transferir a la SHCP un porcentaje que va del 2 al 8 puntos porcentuales de sus ingresos brutos. Estas acciones suprimen cada vez más la capacidad de las APIS para operar financieramente con autonomía, y las obliga a incrementar el costo de los servicios que ofrece y de las oportunidades de mantener y atraer negocios a los puertos, haciéndolos menos competitivos. No se hable ya de los programas comunitarios Puerto Ciudad o del nivel de mantenimiento de instalaciones y dragados a proporcionarse en el futuro, actividades que dependerán no tanto del administrador del puerto, sino de la autorización minimizada que este reciba de un burócrata hacendario de la ciudad de México.
d) La ingerencia de la Secretaria de la Función Pública, que realiza en base a la susodicha “normatividad”, se inicia desde los propios puertos con la presencia de “Órganos Internos de Control” cuya responsabilidad teórica es la de garantizar que no se realicen actos de corrupción al interior de la empresa. Así como se tiene que reconocer la loable actitud y espíritu de servicio de algunos de estos oficiales durante su gestión en un puerto determinado, de igual manera se tiene que reprobar la actitud de muchos de ellos, que de manera arrogante y con propositos de interferencia directa en las actividades de las APIS incluyen amenazas directas a sus administradores de levantarles responsabilidades, según su particular criterio de interpretación de la normatividad o de las legislaciones vigentes, y obstaculizan o frustran de plano cualquier intento de llevar a cabo iniciativas o acciones de riesgo que tiendan a mejorar a las propias empresas, que, de hecho, son de carácter mercantil, no oficinas de gobierno. Tanto empleados como mandos superiores de las APIS no tienen los derechos de funcionarios públicos pero si las obligaciones de estos. Pagan IMSS e Infonavit, reciben un salario y punto. La actitud de la SFP, que ahoga al propio gobierno (pregúntenle a Calderón y sus programas de licitaciones publicas), recuerda una mezcla tragicómica de los procesos de La Santa Inquisición y del terror que sembraban los Comisarios del Partido Comunista en la época de Stalin.
Narcotráfico Internacional y Delincuencia Organizada (La Bestia).
Para explicar esta situación tiene que aclararse primero lo siguiente
Las APIS no son autoridad sino administradoras de puertos. La autoridad en los puertos la ejercen varias dependencias: las Capitanías de Puerto-SCT, en lo concerniente al trafico de embarcaciones y de operatividad portuaria, que a su vez puede solicitar el apoyo de la Secretaria de Marina en caso de faltas graves o actos de violencia al interior del recinto portuario; la Aduana Marítima a través de la Policía Fiscal en el caso de violaciones en materia aduanera y de contrabando comercial, y la PGR en el caso de otros delitos en materia federal como el narcotráfico o el contrabando de materiales peligrosos, armas y explosivos.
Por otra parte, las operaciones de carga y descarga y la custodia de mercancías, en la mayoría de los casos son responsabilidad de las terminales especializadas que operan al interior de los recintos portuarios, la aduana marítima y sus recintos fiscales. Cuando los productos se liberan del procedimiento aduanero, pueden hacer uso o no de los servicios de almacenamiento que proporcionan las APIS antes de su embarque o salida del recinto portuario.
Por ultimo, las APIS, por reglamentación internacional, disponen de un Código de Proteccion para Buques e Instalaciones Portuarias, que incluyen el monitoreo 24/7 mediante patrullaje por agua y tierra y un sistema digital de observación al interior del recinto portuario. La operación de este Código corre a cargo de un oficial responsable (OPIP) y del personal de servicio de seguridad interna que tenga a su cargo, que en la mayoría de los casos lo proporcionan empresas privadas especializadas contratadas por las propias APIS.
Una vez explicado lo anterior se aprecian las múltiples opciones con que cuenta La Bestia para introducir armas y drogas utilizando las diversas modalidades de carga -general, contenedores y graneles sólidos o líquidos-, las propias embarcaciones al cubierto de la noche. Un sinfín de lugares donde esconderlas y las presiones y amenazas que pueda ejercer La Bestia sobre las múltiples autoridades, los empleados de las terminales y los elementos que proporcionan la seguridad interna en los recintos portuarios para establecer su modus operandi.
Los puertos más grandes son los mas vulnerables a estas actividades, dado que tienen acceso directo con rutas regulares a Sudamérica y a Estados Unidos. Actualmente los puertos mas afectados son Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Manzanillo, aunque de ninguna manera se descartan los demás en el futuro. Lo mas terrible del caso es la infiltración que pueda tener La Bestia en los cuadros del personal de APIS, tan bien escogidos, tan bien capacitados, tan bien dedicados a su actividad y que tantos recursos destinó el gobierno para conformar. Si esto decae, La Bestia no se detendrá ahí, seguirá con la afectación directa sobre clientes, terminales, usuarios y prestadores de servicios en general, afectando a la larga a toda la ciudadania de los puertos-ciudad.
“Dedicado al personal de las APIS y a las victimas inocentes del Puerto de Veracruz y de Lázaro Cárdenas, Michoacán”.
INVESTIGACION PROPIA. PGQ-VIII-2009
A partir de 1994, cuando se crearon las 16 Administraciones Portuarias Integrales (APIS) como empresas mercantiles de propiedad federal para administrar los principales puertos comerciales mexicanos, se ha constatado un admirable avance que abarca desde una mejor relación con sus clientes y usuarios; un eficiente manejo en sus operaciones; mejoramientos y actualizaciones en su equipamiento, instalaciones e infraestructuras y en sus sistemas de seguridad portuaria.
Esto colocó a los puertos de México dentro de los exigentes estándares del comercio marítimo internacional, y se ha logrado gracias a un eficiente cuerpo de administradores y métodos de organización, acertadamente dirigidos hasta finales de 2008 por la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, adscrita a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (DGPMM).
A diferencia de los problemas internos y sindicales que entorpecen el cumplimiento de sus responsabilidades en las otras dos direcciones generales de la DGPMM, llámense la de Puertos y la de Marina Mercante, la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria había conservado una política de respaldo y continuo apoyo a nuevas ideas y fomento a la innovación de sus 16 filiales, haciendo a las APIS ejemplo de la administración publica federal y reconocidas como un grupo de empresas propiedad del gobierno con resultados positivos y generación de utilidades, mismas que hasta finales del 2008 eran reinvertidas en los propios puertos para mejorarlos y expandirlos, así como para realizar obras de beneficio comunitario en sus localidades, bajo los programas denominados Puerto-Ciudad.
Cabe recalcar la acertada gestión que la dirección mencionada realizaba tanto con la Secretaría de Hacienda como con la Secretaria de la Función Pública (SFP) para hacer cumplir los compromisos de inversión autorizados, retrasar lo mas posible la imposición de nuevos gravámenes a las APIS y de alguna manera tratar de controlar la cada vez mayor ingerencia- frustrante y coercitiva en muchos casos- de la SFP en los asuntos internos y en la administración de estas empresas.
Las dos mayores amenazas que presentan actualmente las APIS federales no tienen nada que ver con la crisis económica mundial. Sus principales enemigos son: (1) el propio Gobierno Federal y (2) el Narcotráfico Internacional y la Delincuencia Organizada.
Gobierno Federal
a) Gracias a una burocracia asfixiante activa que infecta a todo el sistema de administración pública, los empleados de niveles medios y superiores en las APIS dedican más del 60 por ciento de su tiempo a atender requerimientos internos de procedimientos engorrosos inter-dependencias y de una “normatividad” cada vez mas estúpida, que acota de manera creciente las capacidades de gestión y creatividad de los funcionarios públicos. Por otro lado, la imposición de sistemas como el ISO Europeo, funcional para cierto tipo de empresas pero que a través de varios años de aplicarlo en las APIS ha demostrado su ineficacia y costado hasta la fecha, decenas de millones de pesos –y euros- del contribuyente y miles de horas-hombre desperdiciadas para mantener unas certificaciones que a nadie le interesan.
b) Los constantes cambios de funcionarios de niveles medios, muchos de ellos de carrera y que representan los verdaderos operadores del sistema, que por el dedazo en turno son reemplazados con novatos sin experiencia en el área de su competencia.
c) La voracidad de una Secretaria de Hacienda cada vez más necesitada de recursos, que además de los pagos normales de impuestos que las APIS realizan como empresas mercantiles ahora están obligadas a transferir a la SHCP un porcentaje que va del 2 al 8 puntos porcentuales de sus ingresos brutos. Estas acciones suprimen cada vez más la capacidad de las APIS para operar financieramente con autonomía, y las obliga a incrementar el costo de los servicios que ofrece y de las oportunidades de mantener y atraer negocios a los puertos, haciéndolos menos competitivos. No se hable ya de los programas comunitarios Puerto Ciudad o del nivel de mantenimiento de instalaciones y dragados a proporcionarse en el futuro, actividades que dependerán no tanto del administrador del puerto, sino de la autorización minimizada que este reciba de un burócrata hacendario de la ciudad de México.
d) La ingerencia de la Secretaria de la Función Pública, que realiza en base a la susodicha “normatividad”, se inicia desde los propios puertos con la presencia de “Órganos Internos de Control” cuya responsabilidad teórica es la de garantizar que no se realicen actos de corrupción al interior de la empresa. Así como se tiene que reconocer la loable actitud y espíritu de servicio de algunos de estos oficiales durante su gestión en un puerto determinado, de igual manera se tiene que reprobar la actitud de muchos de ellos, que de manera arrogante y con propositos de interferencia directa en las actividades de las APIS incluyen amenazas directas a sus administradores de levantarles responsabilidades, según su particular criterio de interpretación de la normatividad o de las legislaciones vigentes, y obstaculizan o frustran de plano cualquier intento de llevar a cabo iniciativas o acciones de riesgo que tiendan a mejorar a las propias empresas, que, de hecho, son de carácter mercantil, no oficinas de gobierno. Tanto empleados como mandos superiores de las APIS no tienen los derechos de funcionarios públicos pero si las obligaciones de estos. Pagan IMSS e Infonavit, reciben un salario y punto. La actitud de la SFP, que ahoga al propio gobierno (pregúntenle a Calderón y sus programas de licitaciones publicas), recuerda una mezcla tragicómica de los procesos de La Santa Inquisición y del terror que sembraban los Comisarios del Partido Comunista en la época de Stalin.
Narcotráfico Internacional y Delincuencia Organizada (La Bestia).
Para explicar esta situación tiene que aclararse primero lo siguiente
Las APIS no son autoridad sino administradoras de puertos. La autoridad en los puertos la ejercen varias dependencias: las Capitanías de Puerto-SCT, en lo concerniente al trafico de embarcaciones y de operatividad portuaria, que a su vez puede solicitar el apoyo de la Secretaria de Marina en caso de faltas graves o actos de violencia al interior del recinto portuario; la Aduana Marítima a través de la Policía Fiscal en el caso de violaciones en materia aduanera y de contrabando comercial, y la PGR en el caso de otros delitos en materia federal como el narcotráfico o el contrabando de materiales peligrosos, armas y explosivos.
Por otra parte, las operaciones de carga y descarga y la custodia de mercancías, en la mayoría de los casos son responsabilidad de las terminales especializadas que operan al interior de los recintos portuarios, la aduana marítima y sus recintos fiscales. Cuando los productos se liberan del procedimiento aduanero, pueden hacer uso o no de los servicios de almacenamiento que proporcionan las APIS antes de su embarque o salida del recinto portuario.
Por ultimo, las APIS, por reglamentación internacional, disponen de un Código de Proteccion para Buques e Instalaciones Portuarias, que incluyen el monitoreo 24/7 mediante patrullaje por agua y tierra y un sistema digital de observación al interior del recinto portuario. La operación de este Código corre a cargo de un oficial responsable (OPIP) y del personal de servicio de seguridad interna que tenga a su cargo, que en la mayoría de los casos lo proporcionan empresas privadas especializadas contratadas por las propias APIS.
Una vez explicado lo anterior se aprecian las múltiples opciones con que cuenta La Bestia para introducir armas y drogas utilizando las diversas modalidades de carga -general, contenedores y graneles sólidos o líquidos-, las propias embarcaciones al cubierto de la noche. Un sinfín de lugares donde esconderlas y las presiones y amenazas que pueda ejercer La Bestia sobre las múltiples autoridades, los empleados de las terminales y los elementos que proporcionan la seguridad interna en los recintos portuarios para establecer su modus operandi.
Los puertos más grandes son los mas vulnerables a estas actividades, dado que tienen acceso directo con rutas regulares a Sudamérica y a Estados Unidos. Actualmente los puertos mas afectados son Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Manzanillo, aunque de ninguna manera se descartan los demás en el futuro. Lo mas terrible del caso es la infiltración que pueda tener La Bestia en los cuadros del personal de APIS, tan bien escogidos, tan bien capacitados, tan bien dedicados a su actividad y que tantos recursos destinó el gobierno para conformar. Si esto decae, La Bestia no se detendrá ahí, seguirá con la afectación directa sobre clientes, terminales, usuarios y prestadores de servicios en general, afectando a la larga a toda la ciudadania de los puertos-ciudad.
“Dedicado al personal de las APIS y a las victimas inocentes del Puerto de Veracruz y de Lázaro Cárdenas, Michoacán”.
INVESTIGACION PROPIA. PGQ-VIII-2009
1 comentario:
Creo que el articulo es tendencioso y valdria la pena observar a detalle los cotos de poder que los administradores de algunas APIS manejan a su beneficio propio, no solo deslindarlos de cualquier responsabilidad como parece se quiere hacer en el articulo
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