Orlando Segura Hervert.
Esta tarde, tal y como estaba programado, el Procurador General de Justicia en el Estado, Salvador Mikel Rivera, acudió a Tuxpan para dialogar con diferentes actores sociales interesados en diferentes temas relacionados con la procuración y aplicación de la justicia. El arribo del funcionario estatal se esperaba desde las 15 horas, pero debido a la agenda de trabajo contraída en Poza Rica, la reunión se retrasó varias horas, sin embargo, diversas autoridades de diferentes municipios e instancias lo esperaron para plantearles sus preocupaciones.
En la larga espera que se prolongó por más de cuatro horas, se observó la presencia de Juan Manuel del Angel del Angel, Presidente de los ganaderos; Héctor Gerardo Peralta Torres, dirigente social; Luz Amalia Vázquez Cuellar, delegada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Leandro Domínguez Cruz, agentes municipales, Alcaldes de otros municipios, Síndicos que en su momento presentaron denuncias por abuso de autoridad, líderes sociales, representantes de la Barra de Abogados, entre otros.
Varios de los asistentes, optaron por retirarse algunos minutos, fueron a comer, retornaron y al ver que todavía no empezaba el evento, se alejaron de la Subprocuraduría General de Justicia, cada uno con sus legajos de quejas e inconformidades
El líder de los Defensores del Pueblo, Peralta Torres, expresó que en su caso, deseaba manifestarle al titular de la PGJ la nula atención, el servicio deficiente que a su parecer entorpecía y disminuía los márgenes del servicio público.
Varios litigantes, señalaron a este medio que notaban preferencias a la hora de tramitar o darle ingreso a los expedientes, criticaron la lentitud en las averiguaciones e investigaciones.
Los minutos se hicieron eternos para aquellos ciudadanos que tenían la esperanza de cruzar algunas palabras con Salvador Mikel Rivera, la intención era agilizar los tiempos, espacios y los procedimientos, señalaron como positiva este tipo de encuentros en que los gobernados y ciudadanos tenían la posibilidad de exponerle la serie de supuestas anomalías registradas en diversas dependencias y ministerios públicos.
Esta tarde, tal y como estaba programado, el Procurador General de Justicia en el Estado, Salvador Mikel Rivera, acudió a Tuxpan para dialogar con diferentes actores sociales interesados en diferentes temas relacionados con la procuración y aplicación de la justicia. El arribo del funcionario estatal se esperaba desde las 15 horas, pero debido a la agenda de trabajo contraída en Poza Rica, la reunión se retrasó varias horas, sin embargo, diversas autoridades de diferentes municipios e instancias lo esperaron para plantearles sus preocupaciones.
En la larga espera que se prolongó por más de cuatro horas, se observó la presencia de Juan Manuel del Angel del Angel, Presidente de los ganaderos; Héctor Gerardo Peralta Torres, dirigente social; Luz Amalia Vázquez Cuellar, delegada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Leandro Domínguez Cruz, agentes municipales, Alcaldes de otros municipios, Síndicos que en su momento presentaron denuncias por abuso de autoridad, líderes sociales, representantes de la Barra de Abogados, entre otros.
Varios de los asistentes, optaron por retirarse algunos minutos, fueron a comer, retornaron y al ver que todavía no empezaba el evento, se alejaron de la Subprocuraduría General de Justicia, cada uno con sus legajos de quejas e inconformidades
El líder de los Defensores del Pueblo, Peralta Torres, expresó que en su caso, deseaba manifestarle al titular de la PGJ la nula atención, el servicio deficiente que a su parecer entorpecía y disminuía los márgenes del servicio público.
Varios litigantes, señalaron a este medio que notaban preferencias a la hora de tramitar o darle ingreso a los expedientes, criticaron la lentitud en las averiguaciones e investigaciones.
Los minutos se hicieron eternos para aquellos ciudadanos que tenían la esperanza de cruzar algunas palabras con Salvador Mikel Rivera, la intención era agilizar los tiempos, espacios y los procedimientos, señalaron como positiva este tipo de encuentros en que los gobernados y ciudadanos tenían la posibilidad de exponerle la serie de supuestas anomalías registradas en diversas dependencias y ministerios públicos.
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