Por Uriel Flores Aguayo
urielfloresaguayo@hotmail.com
Me parece inadecuado, de mal gusto y hasta ofensivo, que después del repugnante asesinato de la niña Laura Jennifer García Ávila, alumna de la secundaria 105, las autoridades municipales se hayan presentado al lugar de los hechos para disponer, ahora sí, medidas de urbanización y seguridad para evitar desenlaces tan terribles. Es de obviedad preguntar porqué no se hizo antes y si es qué deben ocurrir hechos tan dramáticos para que se actúe. La muerte de Laura Jennifer es de esas que no deberían de ocurrir si las autoridades cumplieran con su deber y los ciudadanos tuvieran mayor participación. Llamaría la atención que estos hechos ocurran en Xalapa, si no supiéramos las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentran amplias zonas de la ciudad. Para que el proceder de las autoridades municipales no resultaran ofensivos deberían estar diseñando las políticas públicas y los programas sociales con los que se van a evitar actos de barbarie como el cometido con la inocente Laura Jennifer.
Después de referirme a ese lamentable y triste y acontecimiento, retomo el tema original de este artículo. Me interesa comentar algunos aspectos, por chuscos o inútiles, de la vida social y política de nuestra ciudad, aprovechando para incluir unos dos aspectos del estado.
Mientras Xalapa se asfixia con sus cada vez más complicados problemas de vialidad no se ve para cuando las oficinas públicas salgan del centro histórico; el colmo, para completar el cuadro de lo contradictorio se construye un nuevo edificio en terrenos del Instituto de Pensiones, en un desafío al sentido común en plena crisis económica.
La comisión respectiva del Congreso Local, realiza foros para elaborar una nueva Ley de Turismo. Similares actividades realizó la Legislatura anterior. No se ve a primera vista la justificación de esa nueva Ley, menos aún el mecanismo para recabar opiniones y propuestas en los tiempos del internet. Son de esas actividades que parecen innecesarias y que se hacen porque si.
El distribuidor vial de Plaza Cristal lleva 16 de los 22 meses que va a durar su construcción. En ese tiempo ha provocado todo tipo de calamidades a quienes viven o transitan por esa zona: quiebra o descenso de la actividad comercial, riesgo permanente a la integridad física de los transeúntes, nudos viales, inundaciones en varias calles y alteración a la vida cotidiana de toda esa comunidad. Después del cuento del progreso, cuando se inaugure la obra a dos años de iniciada, quién le va a regresar la tranquilidad y la paciencia a los sufridos vecinos de esa zona.
Entre los pequeños abusos que se cometen en la ciudad está el de las personas que piden cooperación en las puertas de los bancos de Xalapa. Se trata de una organización que supuestamente adquiere y apoya con sillas de ruedas a personas discapacitadas. Todo mundo sabe qué está ante un fraude, sin embargo la permisibilidad de los gerentes bancarios y de las autoridades en general permite que se realicen una actividad cuyos propósitos son meramente mercantiles. La mención de ese “boteo” seudo filantrópico no tiene que ver con su trascendencia sino porque es muy llamativo y fomenta que otros hagan cosas similares.
Igual me parece chusca, de carpa, la elección interna del PRD pero como dice mamá Goya: “esa es otra historia”.
Recadito: Muy omisa la dirección de Asuntos Migratorios del Gobierno del Estado.
urielfloresaguayo@hotmail.com
Me parece inadecuado, de mal gusto y hasta ofensivo, que después del repugnante asesinato de la niña Laura Jennifer García Ávila, alumna de la secundaria 105, las autoridades municipales se hayan presentado al lugar de los hechos para disponer, ahora sí, medidas de urbanización y seguridad para evitar desenlaces tan terribles. Es de obviedad preguntar porqué no se hizo antes y si es qué deben ocurrir hechos tan dramáticos para que se actúe. La muerte de Laura Jennifer es de esas que no deberían de ocurrir si las autoridades cumplieran con su deber y los ciudadanos tuvieran mayor participación. Llamaría la atención que estos hechos ocurran en Xalapa, si no supiéramos las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentran amplias zonas de la ciudad. Para que el proceder de las autoridades municipales no resultaran ofensivos deberían estar diseñando las políticas públicas y los programas sociales con los que se van a evitar actos de barbarie como el cometido con la inocente Laura Jennifer.
Después de referirme a ese lamentable y triste y acontecimiento, retomo el tema original de este artículo. Me interesa comentar algunos aspectos, por chuscos o inútiles, de la vida social y política de nuestra ciudad, aprovechando para incluir unos dos aspectos del estado.
Mientras Xalapa se asfixia con sus cada vez más complicados problemas de vialidad no se ve para cuando las oficinas públicas salgan del centro histórico; el colmo, para completar el cuadro de lo contradictorio se construye un nuevo edificio en terrenos del Instituto de Pensiones, en un desafío al sentido común en plena crisis económica.
La comisión respectiva del Congreso Local, realiza foros para elaborar una nueva Ley de Turismo. Similares actividades realizó la Legislatura anterior. No se ve a primera vista la justificación de esa nueva Ley, menos aún el mecanismo para recabar opiniones y propuestas en los tiempos del internet. Son de esas actividades que parecen innecesarias y que se hacen porque si.
El distribuidor vial de Plaza Cristal lleva 16 de los 22 meses que va a durar su construcción. En ese tiempo ha provocado todo tipo de calamidades a quienes viven o transitan por esa zona: quiebra o descenso de la actividad comercial, riesgo permanente a la integridad física de los transeúntes, nudos viales, inundaciones en varias calles y alteración a la vida cotidiana de toda esa comunidad. Después del cuento del progreso, cuando se inaugure la obra a dos años de iniciada, quién le va a regresar la tranquilidad y la paciencia a los sufridos vecinos de esa zona.
Entre los pequeños abusos que se cometen en la ciudad está el de las personas que piden cooperación en las puertas de los bancos de Xalapa. Se trata de una organización que supuestamente adquiere y apoya con sillas de ruedas a personas discapacitadas. Todo mundo sabe qué está ante un fraude, sin embargo la permisibilidad de los gerentes bancarios y de las autoridades en general permite que se realicen una actividad cuyos propósitos son meramente mercantiles. La mención de ese “boteo” seudo filantrópico no tiene que ver con su trascendencia sino porque es muy llamativo y fomenta que otros hagan cosas similares.
Igual me parece chusca, de carpa, la elección interna del PRD pero como dice mamá Goya: “esa es otra historia”.
Recadito: Muy omisa la dirección de Asuntos Migratorios del Gobierno del Estado.
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