Por: Patricio González Quintanilla.
patgq52@gmail.com
Finalmente, el pasado 30 de Octubre fue firmado el “Acuerdo de Cooperación en Defensa (DCA), para el uso de 7 bases de las Fuerzas Armadas colombianas por parte del Pentágono. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y el Embajador norteamericano en ese país llevaron a cabo el protocolo de firma del DCA a puerta cerrada, en la ciudad de Bogota. El DCA tendrá una vigencia de 10 años y queda pendiente la revisión del documento por parte del Congreso de los Estados Unidos.
Este acuerdo militar, fuertemente criticado por algunos gobiernos de la región, particularmente por los socialistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia, es el resultado del fracaso obtenido al interior del “Plan Colombia”, en lo relativo al combate al narcotráfico y a la guerrilla.
Tras casi diez años de haber sido implementado y con un aporte de ayuda norteamericana por mas de 5.5 billones de dólares en el período mencionado, la asistencia económica y material ha tenido como prioridad llevar a cabo actividades de erradicación de las plantaciones de coca y de amapola, así como la de combatir a los carteles y las FARC para reducir sustancialmente la producción y exportación de cocaína y heroína a los Estados Unidos.
Paradójicamente, la campaña de erradicación lo único que ha conseguido es aumentar los rendimientos por hectárea y ampliar las áreas de cultivo en la región andina, que incluye plantaciones en Perú y Bolivia. Por el lado de la producción de drogas, ésta ha aumentado considerablemente sobre los niveles observados a principios del siglo, gracias a un incremento en la demanda y a un mayor tráfico y ampliación en las redes de distribución de droga por parte de los diferentes carteles en los territorios estadounidense, mexicano y de la Unión Europea.
Álvaro Uribe ha mostrado una evidente actitud de complacencia frente a los más de cien carteles que operan en su territorio, que si bien no protege directamente, les permite operar con relativa impunidad, a fin de evitar los niveles de violencia generalizada observados en los años 80 y 90`s, y tomando en cuenta la enorme aportación subterránea de recursos que ha representado para la exportación de droga, nación que casualmente vive ahora los mejores años de estabilidad y expansión económica de su historia.
Ante la actitud de doble cara del presidente Uribe y la naturaleza extrema a la que ha llegado la actividad de los carteles de la droga, la Casa Blanca, a través de su Departamento de Estado, presionó al gobierno colombiano para el uso de las bases militares en su territorio, de tal manera que puedan combatir al narco desde el origen e interceptar los cargamentos destinados a Estados Unidos y a México, aprovechando de paso el realizar actividades de inteligencia sobre los países colindantes.
Las bases seleccionadas comprenden tres bases de la Fuerza Aérea (Palanquero, Aplay y Malambo): dos bases del Ejercito y dos bases navales que podrán ser utilizadas para asalto e intercepción. Una de las bases, Palanquero, ubicada a 180 km al oeste de Bogota, permite el aterrizaje de aviones de carga C-5 y C-17, esenciales para el transporte de material y equipo.
El Acuerdo no contempla que las bases utilizadas sean modificadas o controladas en alguna forma por el Pentágono, pero sí permite la entrada de 800 soldados estadounidenses y de 600 “contratistas” privados, que actuarán como operadores y como elementos de seguridad al interior de las bases, gozando de inmunidad diplomática
La trascendencia que tendrá para México la operación de estas bases será de gran alcance sobre los carteles mexicanos, ya que se espera, eventualmente, una significativa reducción en los embarques de droga que arriban a nuestro país, actualmente en el nivel de las 500 toneladas anuales. Evidentemente, una reducción significativa en los embarques conlleva la disminución en las actividades del tráfico terrestre a lo largo del país, del nivel de distribución interna de droga y de la virulenta violencia asociada al proceso.
Fuentes: US Department of State, Global Security Org. PGQ-XI-2009.
patgq52@gmail.com
Finalmente, el pasado 30 de Octubre fue firmado el “Acuerdo de Cooperación en Defensa (DCA), para el uso de 7 bases de las Fuerzas Armadas colombianas por parte del Pentágono. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y el Embajador norteamericano en ese país llevaron a cabo el protocolo de firma del DCA a puerta cerrada, en la ciudad de Bogota. El DCA tendrá una vigencia de 10 años y queda pendiente la revisión del documento por parte del Congreso de los Estados Unidos.
Este acuerdo militar, fuertemente criticado por algunos gobiernos de la región, particularmente por los socialistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia, es el resultado del fracaso obtenido al interior del “Plan Colombia”, en lo relativo al combate al narcotráfico y a la guerrilla.
Tras casi diez años de haber sido implementado y con un aporte de ayuda norteamericana por mas de 5.5 billones de dólares en el período mencionado, la asistencia económica y material ha tenido como prioridad llevar a cabo actividades de erradicación de las plantaciones de coca y de amapola, así como la de combatir a los carteles y las FARC para reducir sustancialmente la producción y exportación de cocaína y heroína a los Estados Unidos.
Paradójicamente, la campaña de erradicación lo único que ha conseguido es aumentar los rendimientos por hectárea y ampliar las áreas de cultivo en la región andina, que incluye plantaciones en Perú y Bolivia. Por el lado de la producción de drogas, ésta ha aumentado considerablemente sobre los niveles observados a principios del siglo, gracias a un incremento en la demanda y a un mayor tráfico y ampliación en las redes de distribución de droga por parte de los diferentes carteles en los territorios estadounidense, mexicano y de la Unión Europea.
Álvaro Uribe ha mostrado una evidente actitud de complacencia frente a los más de cien carteles que operan en su territorio, que si bien no protege directamente, les permite operar con relativa impunidad, a fin de evitar los niveles de violencia generalizada observados en los años 80 y 90`s, y tomando en cuenta la enorme aportación subterránea de recursos que ha representado para la exportación de droga, nación que casualmente vive ahora los mejores años de estabilidad y expansión económica de su historia.
Ante la actitud de doble cara del presidente Uribe y la naturaleza extrema a la que ha llegado la actividad de los carteles de la droga, la Casa Blanca, a través de su Departamento de Estado, presionó al gobierno colombiano para el uso de las bases militares en su territorio, de tal manera que puedan combatir al narco desde el origen e interceptar los cargamentos destinados a Estados Unidos y a México, aprovechando de paso el realizar actividades de inteligencia sobre los países colindantes.
Las bases seleccionadas comprenden tres bases de la Fuerza Aérea (Palanquero, Aplay y Malambo): dos bases del Ejercito y dos bases navales que podrán ser utilizadas para asalto e intercepción. Una de las bases, Palanquero, ubicada a 180 km al oeste de Bogota, permite el aterrizaje de aviones de carga C-5 y C-17, esenciales para el transporte de material y equipo.
El Acuerdo no contempla que las bases utilizadas sean modificadas o controladas en alguna forma por el Pentágono, pero sí permite la entrada de 800 soldados estadounidenses y de 600 “contratistas” privados, que actuarán como operadores y como elementos de seguridad al interior de las bases, gozando de inmunidad diplomática
La trascendencia que tendrá para México la operación de estas bases será de gran alcance sobre los carteles mexicanos, ya que se espera, eventualmente, una significativa reducción en los embarques de droga que arriban a nuestro país, actualmente en el nivel de las 500 toneladas anuales. Evidentemente, una reducción significativa en los embarques conlleva la disminución en las actividades del tráfico terrestre a lo largo del país, del nivel de distribución interna de droga y de la virulenta violencia asociada al proceso.
Fuentes: US Department of State, Global Security Org. PGQ-XI-2009.
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