miércoles, 28 de abril de 2010

PUNTO DE ACUERDO CONTRABANDO DE AZÚCAR DE GUATEMALA A MÉXICO.



Por Senador Juan Fernando Perdomo Bueno…
C O N S I D E R A C I O N E S
En octubre del año pasado, el administrador central de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas reconoció que el contrabando de mercancías procedentes de Centroamérica hacia México, como el caso del azúcar, es un problema serio.
Esta situación representa un problema tanto para México como para Guatemala, país de donde proviene el trasiego del endulzante, toda vez que trastoca severamente las condiciones del mercado en perjuicio, sobre todo, de los productores de ingenios chiapanecos como Pujiltic, ubicado en el centro del Estado y el de Huixtla, cercano a la línea fronteriza con Guatemala.
La motivación principal de quienes operan estas acciones de contrabando es la diferencia en los precios al público, en un país y en otro, ya que mientras en México el precio oscila entre los 19 y 24 pesos el kilo, el azúcar proveniente de manera ilegal del país vecino tiene un precio al consumidor que oscila entre 8 y 12 pesos el kilo, en supermercados y tiendas.

Esto clarifica que las acciones y omisiones del Gobierno Federal han fallado en su intento de mantener estable el precio del azúcar al consumidor final. Por una parte, la Secretaría de Economía establece los cupos para importar, con un pago mínimo de arancel, un total de 250 mil toneladas a fin de asegurar el abasto en el país, lo cual no ha frenado el incremento de su precio por kilo al consumidor y, por otra parte, es omiso en realizar su función de salvaguardar la frontera con Guatemala, con lo que se propicia un contrabando hormiga que, por su constancia, resulta en grandes cantidades de azúcar y, finalmente, dependencias federales como son SAGARPA, Procuraduría Federal del Consumidor, Secretaría de Salud, encargadas de verificar la legalidad y la calidad del producto son omisas también en realizar sus funciones.
Y si este contrabando está afectando el equilibrio del mercado en nuestro país, en Guatemala ha generado un desabasto importante de azúcar en los Departamentos fronterizos de ese país
Los efectos negativos de esta actividad se presentan en varios frentes. Además de la afectación directa a los productores chiapanecos que tienen que buscar alternativas fuera de su entidad para colocar su producto, representa un riesgo de salud pública, toda vez que el producto que se pasa de contrabando no cuenta, obviamente, con ningún tipo de inspección sanitaria; por otra parte, genera una sobre oferta del producto en distintos municipios, sobre todo de Chiapas, aunque también en Tabasco, Oaxaca y Veracruz; de igual manera, en Guatemala se registra un déficit del producto.
Es muy poco lo que se ha hecho para contener esta actividad ilegal, que se viene realizando de manera cotidiana ante los ojos complacientes de las autoridades aduanales. El Ministerio de Economía de Guatemala ha reconocido que poco más de medio millón de sacos de azúcar ha salido ilegalmente de ese país hacia territorio mexicano, es decir, hasta fines del mes pasado, han ingresado a nuestro país alrededor de 23 mil toneladas de azúcar ilegal.
Es apremiante que las autoridades aduanales de México establezcan los mecanismos necesarios para contener esta creciente actividad que pone en riesgo la endeble economía la agroindustria azucarera en el sureste mexicano, con el innegable riesgo de que esta situación tenga implicaciones negativas en otras zonas del territorio nacional.
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Senado de la República solicita la comparecencia del Director General de Aduanas para que explique ante el seno de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera las acciones que lleva a cabo la dependencia a su cargo para contener el creciente contrabando de azúcar de Guatemala a México y, en su caso, las sanciones aplicadas a servidores públicos adscritos a las distintas garitas aduanales de la frontera sur del país que hayan sido encontrados responsables, por comisión u omisión, del paso ilegal del producto a territorio nacional.

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