Raúl Abraham López Martínez*
Mientras que el presidente del empleo recorre el país protegido por el Estado Mayor Presidencial, el Ejército y las policías estatales promoviendo la militarización de la sociedad, el tejido social de cada uno de los estados que integran la república va en caída libre en un precipicio que parece no tener fin.
Esta descomposición es semejante a una enorme mancha de sangre que ha adquirido vida propia llevando el miedo, el terror, la zozobra y la desesperación a cada una de las instituciones que forman parte de nuestra organización social.
En el territorio veracruzano, paralelamente a cada año transcurrido del gobierno de Felipe Calderón, han ido en aumento los secuestros, las ejecuciones y los enfrentamientos armados.
El reciente asesinato del docente e investigador de la Universidad Veracruzana José Luis Martínez Aguilar, es un terrible suceso que forma parte de la falta de inseguridad que priva en el territorio veracruzano y a nivel nacional.
Lo anterior ha obligado a las autoridades de la máxima casa de Veracruz mediante un pronunciamiento a expresar su “indignación y repudio ante este hecho”, dando a conocer su solidaridad con la familia del universitario victimado, y a exigir que “el Estado de Derecho se imponga frente a la violencia y porque el crimen proditorio cometido contra el profesor José Luis Martínez Aguilar se investigue y se aplique todo el peso de la Ley a los culpables.” Al final del pronunciamiento se presenta un exhorto para que la sociedad y la Universidad Veracruzana luchen “unidas contra la violencia y por la vigencia plena del Estado de Derecho. Las instituciones del Estado mexicano deben de escuchar y atender sin dilación ni excusas el reclamo de justicia y el rechazo a la impunidad que todos los veracruzanos expresamos en estos momentos.”
Lo anterior me parece es la inevitable respuesta de una universidad que no ha podido evitar mantenerse al margen de este espiral de violencia nutrido por las políticas públicas amparadas en la doctrina de “Seguridad Nacional” de Estados Unidos, y por grupos de la población que han fracturado la capacidad de lograr una convivencia pacífica con el entorno social.
Cierto, la Universidad Veracruzana se encuentra de luto, sin embargo, este atroz acontecimiento tan sólo representa la punta del iceberg en torno a las condiciones de inseguridad, la falta de justicia e impunidad en las que se encuentran expuestos los miembros de la comunidad universitaria.
Cabe recordar que todavía se encuentran pendientes en resolver las muertes de la hija y del yerno de la investigadora de la UV Esther Hernández Palacios.
También para ellos hay que aplicar este pronunciamiento, para ellos también se encuentra vigente la demanda de justicia y transparencia en las investigaciones.
Finalizo señalando que en el posicionamiento sobre el asesinato del distinguido universitario, es necesario pronunciarse en la necesidad de garantizar a los grupos más vulnerables de la Universidad Veracruzana (estudiantes, mujeres, madres solteras, afectados económicos, maestros por horas, homosexuales, personas con discapacidad, integrantes de grupos étnicos) las condiciones básicas de seguridad humana (ONU 1994), como son la ausencia al miedo a no comer el día siguiente a través de las instalaciones de comedores universitarios, de garantizar la ausencia al medio al acoso sexual en las aulas, contar con guarderías para inhibir el miedo de las madres solteras a dejar sus estudios por no tener con quien dejar a sus hijos. Todo esto y más forman parte de un concepto humano que las autoridades tienen que incluir cuando hablan de “seguridad”. De lo contrario el espiral de violencia va a continuar su marcha en cada uno de los campus que integran a la Universidad Veracruzana.
*Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria http://www.vozuniversitaria.org.mx/
Mientras que el presidente del empleo recorre el país protegido por el Estado Mayor Presidencial, el Ejército y las policías estatales promoviendo la militarización de la sociedad, el tejido social de cada uno de los estados que integran la república va en caída libre en un precipicio que parece no tener fin.
Esta descomposición es semejante a una enorme mancha de sangre que ha adquirido vida propia llevando el miedo, el terror, la zozobra y la desesperación a cada una de las instituciones que forman parte de nuestra organización social.
En el territorio veracruzano, paralelamente a cada año transcurrido del gobierno de Felipe Calderón, han ido en aumento los secuestros, las ejecuciones y los enfrentamientos armados.
El reciente asesinato del docente e investigador de la Universidad Veracruzana José Luis Martínez Aguilar, es un terrible suceso que forma parte de la falta de inseguridad que priva en el territorio veracruzano y a nivel nacional.
Lo anterior ha obligado a las autoridades de la máxima casa de Veracruz mediante un pronunciamiento a expresar su “indignación y repudio ante este hecho”, dando a conocer su solidaridad con la familia del universitario victimado, y a exigir que “el Estado de Derecho se imponga frente a la violencia y porque el crimen proditorio cometido contra el profesor José Luis Martínez Aguilar se investigue y se aplique todo el peso de la Ley a los culpables.” Al final del pronunciamiento se presenta un exhorto para que la sociedad y la Universidad Veracruzana luchen “unidas contra la violencia y por la vigencia plena del Estado de Derecho. Las instituciones del Estado mexicano deben de escuchar y atender sin dilación ni excusas el reclamo de justicia y el rechazo a la impunidad que todos los veracruzanos expresamos en estos momentos.”
Lo anterior me parece es la inevitable respuesta de una universidad que no ha podido evitar mantenerse al margen de este espiral de violencia nutrido por las políticas públicas amparadas en la doctrina de “Seguridad Nacional” de Estados Unidos, y por grupos de la población que han fracturado la capacidad de lograr una convivencia pacífica con el entorno social.
Cierto, la Universidad Veracruzana se encuentra de luto, sin embargo, este atroz acontecimiento tan sólo representa la punta del iceberg en torno a las condiciones de inseguridad, la falta de justicia e impunidad en las que se encuentran expuestos los miembros de la comunidad universitaria.
Cabe recordar que todavía se encuentran pendientes en resolver las muertes de la hija y del yerno de la investigadora de la UV Esther Hernández Palacios.
También para ellos hay que aplicar este pronunciamiento, para ellos también se encuentra vigente la demanda de justicia y transparencia en las investigaciones.
Finalizo señalando que en el posicionamiento sobre el asesinato del distinguido universitario, es necesario pronunciarse en la necesidad de garantizar a los grupos más vulnerables de la Universidad Veracruzana (estudiantes, mujeres, madres solteras, afectados económicos, maestros por horas, homosexuales, personas con discapacidad, integrantes de grupos étnicos) las condiciones básicas de seguridad humana (ONU 1994), como son la ausencia al miedo a no comer el día siguiente a través de las instalaciones de comedores universitarios, de garantizar la ausencia al medio al acoso sexual en las aulas, contar con guarderías para inhibir el miedo de las madres solteras a dejar sus estudios por no tener con quien dejar a sus hijos. Todo esto y más forman parte de un concepto humano que las autoridades tienen que incluir cuando hablan de “seguridad”. De lo contrario el espiral de violencia va a continuar su marcha en cada uno de los campus que integran a la Universidad Veracruzana.
*Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria http://www.vozuniversitaria.org.mx/
No hay comentarios:
Publicar un comentario