ENVIADO A VAXTUXPAN…
El debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República que se realizó el pasado 6 de mayo, fue un ejercicio democrático que suscitó el interés de millones de personas y generó una deliberación pública necesaria para confrontar propuestas y perfiles. Esos son elementos esenciales para un voto razonado que tiene como base el derecho a la información de la sociedad, tal como se pudo constatar en la medición de audiencias así como el los múltiples espacios de opinión y análisis en los medios de comunicación.
Toda la población debe de tener acceso gratuito y universal para sintonizar tales acontecimientos ciudadanos. Eso no sucedió en el primer debate, a causa de la negativa de las televisoras para que fuera transmitido en sus cadenas de mayor cobertura nacional. Televisa sólo puso a disposición la cadena del Canal 5. TV Azteca lo transmitió en el Canal 40, que cubre únicamente el Valle de México y sólo después del alud de críticas que recibió el dueño de esa televisora por desafiar al Estado con la programación de un partido de futbol a la misma hora. Los medios no comerciales, tanto en televisión como en radio, junto con la colaboración de los medios privados que sí participaron de esa transmisión, atenuaron los efectos de esa campaña contra el debate.
Las concesiones de radio y televisión son un bien público que el Estado tiene obligación de regular para el interés común. Es muy importante que por lo menos el canal 2 de Televisa y el 13 de TV Azteca transmitan el debate el 10 de junio a fin de garantizar que la mayor cantidad posible de mexicanos tengan la opción de verlo.
Si las televisoras se niegan a difundir el debate en sus redes nacionales de mayor cobertura, entonces será pertinente que la Secretaría de Gobernación cumpla con la responsabilidad que tiene para procurar la mayor difusión a los asuntos de trascendencia para la sociedad y aplique el Artículo 62 de la Ley de Radio y Televisión. De esa manera el segundo debate podría ser visto y escuchado en cadena nacional de radio y televisión.
El fallido intento de TV Azteca para entorpecer la difusión del debate presidencial y la reticencia de Televisa para darle toda la cobertura posible, han reiterado las consecuencias indeseables que tiene para el país la desmedida concentración de muchas frecuencias de televisión en manos de solamente dos empresas. No tenemos confianza alguna en la vocación social de tales consorcios, pero sí en la capacidad de la sociedad mexicana e incluso de la clase política –por lo general tan tímida ante las televisoras pero cuyos intereses ahora han sido directamente afectados debido al sabotaje contra el debate– para exigir que la transmisión del 10 de junio llegue a todos los sitios del país en donde se reciben señales de televisión abierta.
México, D.F., 15 de mayo de 2012
Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C.
Aleida Calleja
Presidenta
Alberto Aziz Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo
El debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República que se realizó el pasado 6 de mayo, fue un ejercicio democrático que suscitó el interés de millones de personas y generó una deliberación pública necesaria para confrontar propuestas y perfiles. Esos son elementos esenciales para un voto razonado que tiene como base el derecho a la información de la sociedad, tal como se pudo constatar en la medición de audiencias así como el los múltiples espacios de opinión y análisis en los medios de comunicación.
Toda la población debe de tener acceso gratuito y universal para sintonizar tales acontecimientos ciudadanos. Eso no sucedió en el primer debate, a causa de la negativa de las televisoras para que fuera transmitido en sus cadenas de mayor cobertura nacional. Televisa sólo puso a disposición la cadena del Canal 5. TV Azteca lo transmitió en el Canal 40, que cubre únicamente el Valle de México y sólo después del alud de críticas que recibió el dueño de esa televisora por desafiar al Estado con la programación de un partido de futbol a la misma hora. Los medios no comerciales, tanto en televisión como en radio, junto con la colaboración de los medios privados que sí participaron de esa transmisión, atenuaron los efectos de esa campaña contra el debate.
Las concesiones de radio y televisión son un bien público que el Estado tiene obligación de regular para el interés común. Es muy importante que por lo menos el canal 2 de Televisa y el 13 de TV Azteca transmitan el debate el 10 de junio a fin de garantizar que la mayor cantidad posible de mexicanos tengan la opción de verlo.
Si las televisoras se niegan a difundir el debate en sus redes nacionales de mayor cobertura, entonces será pertinente que la Secretaría de Gobernación cumpla con la responsabilidad que tiene para procurar la mayor difusión a los asuntos de trascendencia para la sociedad y aplique el Artículo 62 de la Ley de Radio y Televisión. De esa manera el segundo debate podría ser visto y escuchado en cadena nacional de radio y televisión.
El fallido intento de TV Azteca para entorpecer la difusión del debate presidencial y la reticencia de Televisa para darle toda la cobertura posible, han reiterado las consecuencias indeseables que tiene para el país la desmedida concentración de muchas frecuencias de televisión en manos de solamente dos empresas. No tenemos confianza alguna en la vocación social de tales consorcios, pero sí en la capacidad de la sociedad mexicana e incluso de la clase política –por lo general tan tímida ante las televisoras pero cuyos intereses ahora han sido directamente afectados debido al sabotaje contra el debate– para exigir que la transmisión del 10 de junio llegue a todos los sitios del país en donde se reciben señales de televisión abierta.
México, D.F., 15 de mayo de 2012
Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C.
Aleida Calleja
Presidenta
Alberto Aziz Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo
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