ENVIADO A VAXTUXPAN
Imagen: youtube
· El gobierno de Estados Unidos tiene la intención de modificar los alcances del marco legal y económico de la relación trilateral. Busca eliminar el capítulo 19, relacionado a los paneles de solución de controversias.
· La posición que el equipo de Peña Nieto está tomando pretende ceder ante los intereses de las grandes empresas trasnacionales en nuestro país.
· A pesar de la disposición de Peña a entregar todo a costa de la política energética y del campo mexicano y de aceptar condiciones contrarias a la equidad en la solución de controversias.
· El Gobierno de Peña Nieto no tomó en cuenta la opinión de expertos, académicos, ni de Organizaciones de la Sociedad Civil.
· El Barzón exige llevar a consulta popular los términos y prioridades de México en las negociaciones del TLCAN.
De acuerdo con el documento de la Secretaría de Economía “Prioridades de México en las Negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, la prioridades del gobierno de Peña en las negociaciones son:
1. Fortalecer la competitividad de América del Norte, a partir de eliminar barreras, agilizar los trámites aduaneros, transparentar la regulación, cooperación regional para el desarrollo de competencias laborales y nuevos modelos educativos.
Este eje destaca por la importancia que ha ganado en el país, por su posición geoestratégica, la instalación de plantas de partes y equipos terminados para exportar a Estados Unidos o a otras regiones, que genera empleos y valor agregado y que un gobierno comprometido podría aprovechar la riqueza que generan para construir un desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida. No sucede lo mismo en el caso del campo, que requiere un tratamiento diferente. La apuesta no debe ser la de los últimos gobiernos, de producir perecederos y abandonar la producción de básicos, buscando desplazar a los productores para dejarles las tierras a inversionistas privados, que van a producir selectivamente más perecederos. Se requiere una visión diferente, una visión que no pueden tener los funcionarios de Peña preocupados por algunas firmas trasnacionales, y no por los millones de productores del país.
2. Avanzar hacia un gobierno inclusivo y responsable. Aquí incluye la promoción de las pequeñas y medianas empresas y también el cumplimiento de las disposiciones nacionales y compromisos internacionales en materia laboral, anticorrupción y medio ambiente.
En este eje se puede coincidir plenamente. La sociedad mexicana requiere el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y exige el cumplimiento de las obligaciones laborales el combate a la corrupción y la impunidad y el respecto al medio ambiente. La pregunta es si el gobierno de Peña va a avanzar en estos aspectos en los que no tiene autoridad moral para sentarse a negociarlos. No es necesario renegociar el acuerdo, sólo tener voluntad política, lo que no se observa en el régimen mexicano, como se comprobó con la corrupción y la impunidad en la elección del Estado de México o con la permisividad con las empresas mineras o el impulso al fracking, a pesar de que representa un dumping ecológico. Pero, hay que advertirlo, con o sin TLCAN, la sociedad va a avanzar en estos aspectos.
3. Aprovechar las oportunidades del Siglo XXI. Actualizar el alcance de las disposiciones sobre energía, el comercio electrónico, facilitar el acceso de los mexicanos prestadores de servicios financieros a Estados Unidos y Canadá e integrar los mercados de telecomunicaciones.
Esta prioridad tiene varios elementos de alto riesgo. El sector energético está a debate en México. No se puede incluir en las negociaciones del TLCAN. Lo mismo el sector telecomunicaciones, a menos que se establezcan reservas en materia cultural y de inclusión a las radios y televisoras comunitarias. Lo del sector financiero habría que evaluarlo en función de la mala calidad de la supervisión de las autoridades mexicanas.
4. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte. Propone consolidar el régimen legal de las Empresas Productivas del Estado, y los mecanismos de solución de controversias. Inversionista-Estado; Estado-Estado; comercio, servicios financieros y libre competencia.
Esta prioridad del gobierno de Peña, que coincide con el eje implícito de la propuesta de Trump, es inaceptable. México debe reservarse las posibilidades de desarrollar su propia política económica, incluyendo un sector público que impulse el desarrollo de sus empresas en un marco legal y transparente, pero en condiciones asimétricas con Estados Unidos.
Como se observa:
· Prioridad 1. Exluyendo el campo, puede resolverse estableciendo como objetivo el mutuo beneficio y la conveniencia para las partes; en el campo debemos establecer como prioridad el desarrollo de los pequeños y medianos agricultores, con una política de Estado diferente, que impulse su desarrollo en armonía con el medio ambiente.
· Prioridad 2. Es una meta de los mexicanos, el respeto a los derechos humanos, laborales, medioambientales, la verdadera democracia, la verdadera libertad y el combate a la corrupción e impunidad son un reclamo de la sociedad mexicana, no están a discusión y el gobierno de Peña no tiene autoridad moral para hablar de esos temas;
· Prioridades 3. y 4. El campo requiere una revisión profunda por parte de la sociedad mexicana, organizaciones campesinas y las universidades. No se pueden negociar como lo propone el gobierno ilegítimo de Peña.
Por cierto, el documento de la Secretaría de Economía no se refiere a la pretensión de Trump de vigilar la política cambiaria y monetaria de México. Tampoco se refiere al riesgo de un cambio unilateral en la política fiscal, como amenazó Trump. Parece que los funcionarios de Peña no han advertido de los problemas que se pueden presentar o, quizás salgan con “sorpresas” negativas para el país, por falta de previsión y compromiso con el país.
Los mexicanos no debemos aceptar las negociaciones impulsadas por el gobierno de Peña, que en su desprestigio, abuso y falta de legitimidad, está dispuesto a recibir espejitos a cambio de que se les permita entregar el resto del país al extranjero. En El Barzón consideramos que es indispensable establecer los límites que se deben respetar en el Tratado de Libre Comercio, por lo que rechazamos los términos en que se proponen negociar los funcionarios de este gobierno.
Por eso mismo, apoyamos la propuesta de someter la renegociación a consulta popular. Lo que pretende incluir el gobierno de Peña y lo que espera obtener el gobierno de Trump son aspectos demasiado importantes para el futuro del país, como para dejarlo a la voluntad de un gobierno y un Senado que no han demostrado compromiso con el país.
Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de El Barzón
Alejandro Castillo Morales, integrante de El Barzón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario