El Estado mexicano falló en su obligación de garantizar la protección efectiva del defensor de derechos humanos y del medio ambiente Julián Carrillo, afirmó Amnistía Internacional hoy, a tres meses de su asesinato, en el informe Entre balas y olvido: Ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara.
"El asesinato de Julián Carrillo es la ya conocida crónica de la impunidad. La impunidad que se reitera en la falta de investigaciones, en la ausencia de responsables y en el inalcanzable acceso a la verdad. Impunidad que da muestras de la debilidad del Estado para defender a quienes protegen la tierra y el territorio", dijo Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
El 24 de octubre de 2018, hombres armados entraron a la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el estado norteño de Chihuahua, y asesinaron a Julián Carrillo. El líder Indígena Rarámuri había sido previamente víctima de amenazas y hostigamiento en relación a su defensa del territorio ancestral en la Sierra Tarahumara. Al menos cinco otros miembros de su familia habían sido asesinados en los últimos años.
A tres meses de su asesinato, las autoridades mexicanas aún no han identificado a los responsables para llevarlos ante la justicia. Ante estos hechos, Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano a tomar medidas urgentes para acabar con la impunidad de los ataques contra miembros de Coloradas de la Virgen y a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre el asesinato de Julián Carrillo y los demás miembros de su familia.
“Las personas Indígenas Rarámuri de la comunidad de Coloradas de la Virgen han enfrentado por años una serie de ataques y amenazas debido a su labor en defensa de derechos humanos y de su territorio ancestral”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Julián Carrillo era beneficiario desde el 2014 de medidas de protección brindadas por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, tras un análisis de los graves riesgos que se enfrentaba. Sin embargo, las medidas – que incluían teléfonos satelitales, botones de pánico y escoltas de policías para acompañarlo en sus traslados – no fueron suficientes para impedir su asesinato.
Amnistía Internacional pudo comprobar que el análisis elaborado por las autoridades falló en atender el contexto de pobreza, marginación, discriminación, falta de acceso a servicios básicos, presencia del crimen organizado y las dificultades para acceder a la Sierra. Por lo mismo, las medidas no fueran adecuadas y suficientes para responder a las causas estructurares de violencia en la comunidad Coloradas de la Virgen, ni para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y del territorio Rarámuri.
Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno federal a desarrollar a la mayor brevedad posible, y en consulta con la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, una política pública integral para garantizar que las personas defensoras puedan realizar su labor de manera segura en el país.
ENVIADO A VAXTUXPAN
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