Por Héctor Yunes Landa...
Como ustedes saben, aspiro a la candidatura al Senado por mi partido, siendo un puesto de tanta importancia y con una enorme responsabilidad, quisiera comentarles muy someramente - en virtud de que la legislación vigente me prohíbe hacer ofertas de campaña y difundir la Plataforma Electoral- cuales son los temas más relevantes que abordaré durante mi gestión legislativa a partir del 1° de septiembre de este año.
La gestión estará enfocada a adecuar el marco legal a favor de un desarrollo sustentable y compartido para todos, de manera que las condiciones de bienestar pleno sean una realidad incuestionable. Por otro lado, es importante retomar la destacada perspectiva internacional que tuvo México antes de la alternancia del año 2000, especialmente importante hoy en día en el que la interrelación basada en compromisos y acuerdos entre naciones repercuten como nunca antes en las relaciones internacionales e inciden directamente en la vida diaria de los mexicanos.
Es tiempo renovar al país y velar por los intereses de las mayorías, estableciendo las nuevas bases para el crecimiento y desarrollo integral de la nación. Es tiempo de modificar lo que no ha funcionado y cambiar el rumbo hacia el progreso y bienestar de los mexicanos. Los temas que se incluirán en la agenda legislativa serán los más relevantes para el desarrollo de la nación, temas como la Seguridad Pública y nuestra situación económica serán prioridades. Así también debemos recuperar la deliberación sobre las grandes reformas estructurales que la nación requiere en los ámbitos hacendario, laboral, educativo, financiero y energético, entre otros.
Será importante hacer una revisión a fondo de la relación de los estados con la Federación, especialmente en lo que respecta a la distribución del presupuesto que pertenece a todos los mexicanos, y demanda realizar una actualización que establezca medidas para un nuevo Convenio de Coordinación Fiscal.
En lo que corresponde a nuestro sistema político, debemos consolidar una gobernabilidad democrática fundada en el respeto a la ley, la tolerancia y la disposición a sumar esfuerzos para constituir una agenda común con metas compartidas por todos. Se debe propiciar aún más la participación de la sociedad civil en las decisiones públicas, para la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso pleno a la información pública. Un aspecto prioritario -en el que hemos insistido en este espacio de opinión semanal- será convocar a los sectores sociales, económicos y políticos a un pacto social, con objetivos compartidos y de largo plazo, relacionados con la necesidad de crecer con estabilidad y de asegurar la equidad con una mayor igualdad en las oportunidades para brindar bienestar social.
A su vez, debemos constituir un federalismo equitativo y justo que promueva procesos de desarrollo regional dinámicos, que eleve la competitividad, la generación de empleo, la cohesión de la nación y garantice el ejercicio pleno de la soberanía de las entidades federativas y los municipios. El federalismo debe abarcar temas fundamentales como la redistribución de competencias y el equilibrio en el reparto de los recursos financieros y la modernización administrativa.
En materia de Seguridad Pública, es necesario ir a fondo en la reorganización de las corporaciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos, pues de lo contrario el país no crecerá al ritmo que requiere y los gobiernos continuarán incumpliendo a la población al no proporcionar las condiciones mínimas de seguridad, lo que pone en riesgo el bienestar de las familias. Con el trabajo legislativo pretendemos construir las bases para consolidar las capacidades del Estado para atender la seguridad pública y funcionalidad del sistema de procuración e impartición de justicia, así como el acceso a un sistema de justicia imparcial y expedita que se mantiene como una prioridad del Estado.
Entre los sectores prioritarios para el desarrollo de nuestro país, el educativo requiere de una profunda y acelerada transformación para elevar su calidad a la altura del reto del mundo globalizado. La educación que se imparte tiene insuficiencias para la actual era de la sociedad de la información. Por eso debe impulsarse la creación del marco jurídico para una mejora en la calidad educativa a través de la innovación de programas y planes de estudio, sin olvidarnos de la necesaria capacitación y mejoramiento salarial del magisterio.
El combate a la corrupción y a la ineficiencia, cuyas prácticas deshonestas deben ser ejemplarmente sancionadas y combatidas a fondo en todos los niveles de gobierno, deberá ser una prioridad, así como el impulso de un servicio público eficiente, responsable y profesional, que se caracterice por la transparencia y rendición de cuentas y la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites y servicios en el sector público.
Otro aspecto prioritario para el interés público es la salud, por lo que deben consolidarse las instituciones de salud pública, que son el resultado de una larga lucha e impulso de los gobiernos priístas emanados de la revolución. Para ello se debe reforzar el primer nivel de atención, a fin de que cuente con elementos suficientes para apuntar la estrategia de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles que tanto está proliferando entre los mexicanos.
En cuanto al crecimiento económico ante el escenario de desigualdad y recesiones económicas a nivel mundial, es necesario reevaluar y fortalecer al Estado en su condición de rector y promotor de la economía nacional, como lo establece la Constitución de la República. De ahí que se debe garantizar el dominio de la nación sobre los recursos naturales; el alcance de los acuerdos y consensos entre los sectores público, social y privado; haciendo lo conducente para poder regular las relaciones económicas entre los actores productivos, salvaguardando en primer lugar el interés público; y responsable de vigilar que ningún sector o grupo social se beneficie en detrimento de la población o que anteponga sus intereses a los de la nación.
Es necesario y urgente un Acuerdo para el Desarrollo Nacional donde participen los órdenes de gobierno, las cámaras de diputados y senadores, los sectores de la producción, las empresas, los sindicatos obreros y las organizaciones campesinas, las instituciones académicas y de investigación y la sociedad civil, para que en base a un diagnóstico de la problemática nacional, se propongan políticas públicas para establecer un nuevo rol para el Estado y un nuevo modelo de desarrollo.
Con relación a las políticas públicas y asistenciales, se deben reconocer y proteger enfáticamente los derechos sociales de los segmentos de población con menor índice de desarrollo humano, para reorientar la obligación del Estado de crear las condiciones indispensables para su incorporación al desarrollo social, la nación nunca más debe sufrir la vergüenza de que compatriotas mueran por hambre. Asimismo, son necesarias políticas públicas que propicien una mejor redistribución del ingreso y la generación de empleos formales industriales y agropecuarios, con el fin de garantizar la seguridad social, el incremento de los salarios por la vía de la productividad, la ampliación de servicios eficientes de salud, educación y capacitación para el trabajo, como factores estratégicos para reducir la pobreza.
No soslayamos la importancia de asegurar condiciones para el desarrollo integral del sector agropecuario, forestal y pesquero, ya que se encuentra sumergido en una crisis sin precedentes que coloca a nuestro país en un situación de riesgo incalculable; esto nos lleva a plantear el impulso de una política de Estado para el campo que garantice la soberanía y seguridad alimentarias y el fomento de la producción, así como el incremento de las condiciones que beneficien de manera integral al sector rural.
Acompañando esta visión de una gestión legislativa útil a la sociedad, deben emprenderse esfuerzos para afrontar la crisis ambiental provocada por el cambio climático global. La alteración del clima se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo humano y el bienestar de las futuras generaciones. En nuestra entidad ya es un hecho su impacto negativo, ya que cada vez con mayor frecuencia se presentan sequías y mayores precipitaciones pluviales que causan graves inundaciones, ambos casos originan pérdidas económicas inconmensurables.
El reto es impulsar una acción y gestión legislativa eficiente, de resultados, vamos, que sirva a la gente, y que además, camine al lado del ejecutivo en el impulso de una nueva etapa de prosperidad, progreso y mejora en la calidad de vida de los mexicanos.
La gestión estará enfocada a adecuar el marco legal a favor de un desarrollo sustentable y compartido para todos, de manera que las condiciones de bienestar pleno sean una realidad incuestionable. Por otro lado, es importante retomar la destacada perspectiva internacional que tuvo México antes de la alternancia del año 2000, especialmente importante hoy en día en el que la interrelación basada en compromisos y acuerdos entre naciones repercuten como nunca antes en las relaciones internacionales e inciden directamente en la vida diaria de los mexicanos.
Es tiempo renovar al país y velar por los intereses de las mayorías, estableciendo las nuevas bases para el crecimiento y desarrollo integral de la nación. Es tiempo de modificar lo que no ha funcionado y cambiar el rumbo hacia el progreso y bienestar de los mexicanos. Los temas que se incluirán en la agenda legislativa serán los más relevantes para el desarrollo de la nación, temas como la Seguridad Pública y nuestra situación económica serán prioridades. Así también debemos recuperar la deliberación sobre las grandes reformas estructurales que la nación requiere en los ámbitos hacendario, laboral, educativo, financiero y energético, entre otros.
Será importante hacer una revisión a fondo de la relación de los estados con la Federación, especialmente en lo que respecta a la distribución del presupuesto que pertenece a todos los mexicanos, y demanda realizar una actualización que establezca medidas para un nuevo Convenio de Coordinación Fiscal.
En lo que corresponde a nuestro sistema político, debemos consolidar una gobernabilidad democrática fundada en el respeto a la ley, la tolerancia y la disposición a sumar esfuerzos para constituir una agenda común con metas compartidas por todos. Se debe propiciar aún más la participación de la sociedad civil en las decisiones públicas, para la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso pleno a la información pública. Un aspecto prioritario -en el que hemos insistido en este espacio de opinión semanal- será convocar a los sectores sociales, económicos y políticos a un pacto social, con objetivos compartidos y de largo plazo, relacionados con la necesidad de crecer con estabilidad y de asegurar la equidad con una mayor igualdad en las oportunidades para brindar bienestar social.
A su vez, debemos constituir un federalismo equitativo y justo que promueva procesos de desarrollo regional dinámicos, que eleve la competitividad, la generación de empleo, la cohesión de la nación y garantice el ejercicio pleno de la soberanía de las entidades federativas y los municipios. El federalismo debe abarcar temas fundamentales como la redistribución de competencias y el equilibrio en el reparto de los recursos financieros y la modernización administrativa.
En materia de Seguridad Pública, es necesario ir a fondo en la reorganización de las corporaciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos, pues de lo contrario el país no crecerá al ritmo que requiere y los gobiernos continuarán incumpliendo a la población al no proporcionar las condiciones mínimas de seguridad, lo que pone en riesgo el bienestar de las familias. Con el trabajo legislativo pretendemos construir las bases para consolidar las capacidades del Estado para atender la seguridad pública y funcionalidad del sistema de procuración e impartición de justicia, así como el acceso a un sistema de justicia imparcial y expedita que se mantiene como una prioridad del Estado.
Entre los sectores prioritarios para el desarrollo de nuestro país, el educativo requiere de una profunda y acelerada transformación para elevar su calidad a la altura del reto del mundo globalizado. La educación que se imparte tiene insuficiencias para la actual era de la sociedad de la información. Por eso debe impulsarse la creación del marco jurídico para una mejora en la calidad educativa a través de la innovación de programas y planes de estudio, sin olvidarnos de la necesaria capacitación y mejoramiento salarial del magisterio.
El combate a la corrupción y a la ineficiencia, cuyas prácticas deshonestas deben ser ejemplarmente sancionadas y combatidas a fondo en todos los niveles de gobierno, deberá ser una prioridad, así como el impulso de un servicio público eficiente, responsable y profesional, que se caracterice por la transparencia y rendición de cuentas y la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites y servicios en el sector público.
Otro aspecto prioritario para el interés público es la salud, por lo que deben consolidarse las instituciones de salud pública, que son el resultado de una larga lucha e impulso de los gobiernos priístas emanados de la revolución. Para ello se debe reforzar el primer nivel de atención, a fin de que cuente con elementos suficientes para apuntar la estrategia de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles que tanto está proliferando entre los mexicanos.
En cuanto al crecimiento económico ante el escenario de desigualdad y recesiones económicas a nivel mundial, es necesario reevaluar y fortalecer al Estado en su condición de rector y promotor de la economía nacional, como lo establece la Constitución de la República. De ahí que se debe garantizar el dominio de la nación sobre los recursos naturales; el alcance de los acuerdos y consensos entre los sectores público, social y privado; haciendo lo conducente para poder regular las relaciones económicas entre los actores productivos, salvaguardando en primer lugar el interés público; y responsable de vigilar que ningún sector o grupo social se beneficie en detrimento de la población o que anteponga sus intereses a los de la nación.
Es necesario y urgente un Acuerdo para el Desarrollo Nacional donde participen los órdenes de gobierno, las cámaras de diputados y senadores, los sectores de la producción, las empresas, los sindicatos obreros y las organizaciones campesinas, las instituciones académicas y de investigación y la sociedad civil, para que en base a un diagnóstico de la problemática nacional, se propongan políticas públicas para establecer un nuevo rol para el Estado y un nuevo modelo de desarrollo.
Con relación a las políticas públicas y asistenciales, se deben reconocer y proteger enfáticamente los derechos sociales de los segmentos de población con menor índice de desarrollo humano, para reorientar la obligación del Estado de crear las condiciones indispensables para su incorporación al desarrollo social, la nación nunca más debe sufrir la vergüenza de que compatriotas mueran por hambre. Asimismo, son necesarias políticas públicas que propicien una mejor redistribución del ingreso y la generación de empleos formales industriales y agropecuarios, con el fin de garantizar la seguridad social, el incremento de los salarios por la vía de la productividad, la ampliación de servicios eficientes de salud, educación y capacitación para el trabajo, como factores estratégicos para reducir la pobreza.
No soslayamos la importancia de asegurar condiciones para el desarrollo integral del sector agropecuario, forestal y pesquero, ya que se encuentra sumergido en una crisis sin precedentes que coloca a nuestro país en un situación de riesgo incalculable; esto nos lleva a plantear el impulso de una política de Estado para el campo que garantice la soberanía y seguridad alimentarias y el fomento de la producción, así como el incremento de las condiciones que beneficien de manera integral al sector rural.
Acompañando esta visión de una gestión legislativa útil a la sociedad, deben emprenderse esfuerzos para afrontar la crisis ambiental provocada por el cambio climático global. La alteración del clima se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo humano y el bienestar de las futuras generaciones. En nuestra entidad ya es un hecho su impacto negativo, ya que cada vez con mayor frecuencia se presentan sequías y mayores precipitaciones pluviales que causan graves inundaciones, ambos casos originan pérdidas económicas inconmensurables.
El reto es impulsar una acción y gestión legislativa eficiente, de resultados, vamos, que sirva a la gente, y que además, camine al lado del ejecutivo en el impulso de una nueva etapa de prosperidad, progreso y mejora en la calidad de vida de los mexicanos.
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