DIP. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
Presidenta de la Mesa Directiva
De la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Integrantes de la mesa directiva, diputadas y diputados, medios de comunicación, público que nos honra con sus presencia, veracruzanos todos.
Como integrante de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal que preside el Dip. Julio Hernández y como secretario el Dip. Raúl Zarraval, me fue turnado el proyecto de dictamen para mi conocimiento y firma correspondiente de así considerarlo, mismo que hoy será sometido a consideración de este pleno para su votación.
Dictamen sin ningún análisis y que sólo transcribe lo sustantivo de la iniciativa enviada por el gobernador hace apenas el día 5 de los corrientes, y que sin mayor profundidad en el tema, refleja la voluntad del ejecutivo del estado, por conducto de esta soberanía, para entregar un cheque en blanco a los municipios que decidieron bursatilizar el 20% del Impuesto federal sobre Tenencia y Uso Vehicular, y que la mayoría de diputados votamos a favor. Sin ninguna duda hoy atenderán positivamente sin la mínima reflexión, la solicitud del mandatario estatal para que su actual emoción sea compartida fundamentalmente por los diputados del PRI.
Pero permítanme soportar mi comentario inmediato anterior, que no busca de ninguna manera lastimar a nadie y mucho menos faltarles al respeto. Cuando se analizó el tema de bursatilizar el 20% del impuesto federal sobre la Tenencia y Uso Vehicular asignado a los municipios, tenia claridad que sería un tema controvertido por las diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso; pero además, no dudaba que diferentes actores políticos y la ciudadanía misma interesada en el tema, expresarían sus puntos de vista; y más aún, dentro de mi mismo partido existirían voces discordantes dado que un servidor como diputado y dirigente estatal de Convergencia, votara a favor la iniciativa de decreto que enviara el Gobernador y los Ayuntamientos interesados en formar parte de este esquema, a este H. Congreso del Estado.
Las diferentes opiniones en contra sobre este tema tenían fundamento, primero por ser una materia difícil de entender para los que los números no es justamente una fortaleza, y por la otra, la más grave, por el antecedente de la pasada legislatura que autorizó al Gobernador del Estado para que burzatilizara el 80% del impuesto federal sobre la Tenencia y Uso Vehicular asignado al estado, que representó ingresos por $6,180 millones de pesos, de los cuales se utilizó el 55.02% que equivalieron a $3,400 millones de pesos para la liquidación de la deuda pública directa vigente del estado, deuda que todos sabemos que adquirió el gobierno Alemanista faltando unos cuantos meses para concluir su mandato, y que la legislatura pasada dio carpetazo a ese tema, recursos económicos que actualmente no tenemos duda que se beneficiaron unos cuantos, dejando una vez más la deuda al pueblo de Veracruz.
Asimismo, para aprobar bursatilizar estos recursos, se incluyo que se llevarian a cabo 5 obras de infraestructura, donde actualmente algunas de ellas están inconclusas y otras, ni siquiera se han iniciado y al parecer no se llevarán a cabo.
No obstante los antecedentes anteriores por todos ustedes conocidos, como dirigente partidista, me ha correspondido recorrer muchas veces este magnifico estado que lo tiene todo, pero que también carece de muchas cosas; agua entubada, vías de comunicación dignas, alumbrado público, infraestructura productiva, solo por mencionar algunas necesidades apremiantes para dignificar la calidad de vida de millones de veracruzanos. Con esa visión fue que no tan solo por mi responsabilidad como diputado e integrante de la Comisión de Hacienda Municipal, sino como veracruzano comprometido con el desarrollo de mi estado, me avoque a profundizar sobre el tema, para que de esa manera la iniciativa que presentará el Ejecutivo del estado, tuviera soporte, estrategia y rumbo en la aplicación de estos recursos. Consecuentemente se emitió el dictamen por unanimidad de los integrantes de la comisión, que dio lugar autorizarle a los ayuntamientos que así lo solicitaron, poder disponer de estos recursos para inscribirlos en el fideicomiso bursátil.
En gran medida el concluir firmando favorablemente este dictamen, se fundamentó en el conocimiento de las grandes desigualdades en que se encuentran millones de veracruzanos, robusteciéndose la apreciación que nos da el poder conocer los 212 municipios del estado, con los resultados que arrojan la prestigiada encuestadora MITOFSKY, que es el soporte en el que se le ha ubicado al Gobernador del Estado con los más altos niveles de popularidad y que es orgullo en las expresiones recurrentes aquí en tribuna de los diputados del PRI, mismos que en esta ocasión no les favorece, ya que señala la encuesta que el 63.1% de la población veracruzana se encuentra en los niveles máximos de pobreza, solo por arriba del estado de Guerrero.
En este tema podemos hablar del encarecimiento recurrente de los productos de la canasta básica como el arroz, fríjol, leche, jabón, azúcar, pan, aceite, diversas frutas y legumbre, o que decir de la tortilla, donde inclusive ello derivo que esta legislatura creara una comisión especial para atender este tema, donde en esos días la nota mediática eran las alzas constantes a la canasta básica lo que provocó el gran subsidio a la tortilla que otorgó el gobierno del estado para mantenerla a 7 pesos el kilo; sin embargo a la fecha se encuentra en 12 pesos el kilo y ya no se dice nada, o que decir del encarecimiento de la corriente eléctrica donde el gobierno del estado se comprometió públicamente en subsidiarla a los más desprotegidos, éste Congreso jugó un papel importante dado que diputados del PRI han presentado en dos ocasiones puntos de acuerdo al respecto, sin embargo no a pasado nada.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, el dictamen vigente condiciona que las cantidades económicas recibidas por este concepto, serán única y exclusivamente aplicadas a financiar las inversiones públicas productivas, determinadas por cada Ayuntamiento, pero en todo caso, sólo podrán aplicarse a la ejecución de obras públicas de impacto social y/o pago de su deuda previamente contratada con instituciones financieras o bancarias, siempre que se encuentre inscrita en el registro de deuda pública correspondiente. Destacando que en ningún caso podrán destinarse estos recursos al pago de deuda que haya sido contraída para financiar gasto corriente.
Además el dictamen en comento destaca, que el programa de inversión de estos recursos por parte de cada ayuntamiento, deberá hacerse del conocimiento del H. Congreso del Estado, previamente a su ejecución. Situación que a la fecha no se conoce, al menos por un servidor, quién presentó con toda oportunidad tres puntos de acuerdo al respecto, mismos que ésta Honorable legislatura aprobara el pasado 28 de julio del presente año exhortando tanto a la SEFIPLAN, como a los ayuntamientos inscritos en este fideicomiso y al ORFIS, den cumplimiento al decreto No. 255. Puntos de acuerdo que fueron publicados en la gaceta oficial No. 268 del 19 de agosto del año en curso, sin recibir ninguna información a la fecha.
Con estos antecedentes, no se trata que este Congreso se sume para ofrecer cheques en blanco para que con declaraciones mediáticas, tocando en estos momentos el tema de la seguridad pública, puedan disponer de estos recursos económicos a su libre albedrío, justificando que es para ofrecer tranquilidad a los ciudadanos de su municipio, sin ni siquiera existir un plan o programa en este sentido, y mucho menos, conocer las prioridades que se están atendiendo actualmente con los alrededor de 2,700 millones de pesos que destina la federación por conducto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), regido normativamente por la Ley de Coordinación Fiscal. O la mención por demás repetitiva ante ustedes de los 1,000 millones; o los 493 millones; y que decir los 893 millones y los 351 millones que sumados arrojan una cifra superior a los 2,730 millones de pesos que se destinan este año tanto al Poder Judicial; como a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, incluido el Fideicomiso para el Fondo de Seguridad Pública.
No señoras y señores diputados, no se trata que por ser una iniciativa que envió el Gobernador apenas el día 5 de septiembre y dictaminada el 8 del mismo mes y año por la mayoría de los diputados que integran la Comisión de Hacienda Municipal, el decreto que lleva como objetivo sumar recursos para incrementar el nivel de vida de millones de veracruzanos, en estos momentos con una visión más de emoción que de programación, sin límites, sin conocimiento de la situación que guarda cada municipio en esta materia y sin un soporte estratégico de combate a la inseguridad pública, dejemos a millones de veracruzanos solo con la sensación de que se está combatiendo en serio la inseguridad pública que se percibe, por el solo hecho de comprar más patrullas o armamento, olvidándose el gobierno del estado que el tema de la Seguridad Pública obedece más a un plan de coordinación y estrategia con las diferentes fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno, como lo expuse en el punto de acuerdo en la sesión ordinaria en Martínez de la Torre en el mes de mayo, donde el partido de la mayoría representado en este Congreso, guardó silencio, teniendo que esperar hasta que el ejecutivo federal haya convocado a este acuerdo nacional.
Seguramente se requieren más recursos económicos, pero antes de ello se debe evaluar con que se cuenta y que se necesita, y concluir por una parte, si el combate a la inseguridad pública se paleará comprando más patrullas y armamento, donde en gran medida, y así lo observamos en las notas publicadas recientemente, el problema está adentro de las fuerzas policíacas. De igual manera, señoras y señores diputados, ¿han contemplado que más infraestructura ocasionará más gasto corriente a los municipios?
La sugerencia contemplada en el dictamen que hoy nos ocupa, que hasta parece respetuosa, no toca para nada la recomendación de la urgente profesionalización y capacitación de las policías en los dos niveles de gobierno en nuestro estado, para el ejecutivo de Veracruz pareciera ser que es más prioritario que los municipios compren más patrullas que regularmente son averiadas inmediatamente, o darles un arma que muchas veces ni siquiera saben usar o peor aún son usadas en contra del ciudadano. O que nos pueden decir integrantes de la Comisión dictaminadora sobre los criterios a seguir en 12 municipios donde se mantiene la policía intermunicipal que no está a cargo del ayuntamiento, sino del estado como es el caso de Poza Rica; Xalapa; Veracruz; Boca del Río; Coatzacoalcos o Minatitlán solo por mencionar algunos, ¿se les obligará para que de las arcas municipales se compre equipo para dotar a las policías intermunicipales que corre esta responsabilidad financiera al estado. Sin duda su gran reflexión y análisis será: EL DECRETO SOLO SUGIERE NO OBLIGA, por favor, ya basta de mentirle al pueblo de Veracruz, que tiene hambre no solo de que se les respete su derecho a la vida, sino aún mayor, hambre de comida que es el clamor de todos los días, más barata la Corriente Eléctrica para los pobres, promesa incumplida del gobierno del estado; más barata la tortilla para los pobres, promesa incumplida del gobierno del estado, más espacios educativos para todos los jóvenes de nivel medio superior, promesa incumplida del gobierno del estado; ahora con la aprobación de este decreto, ¿que se ofrece?, más seguridad pública a los veracruzanos, seguramente una promesa más incumplida.
De no corregirse la política económica de Veracruz, ni los hombres más poderosos podrán vivir seguros, a no ser en casas amuralladas, automóviles blindados y con cientos de guaruras, es momento de reconocer que la política económica que se aplica no está dando resultados, por lo que más allá de que el tema de la inseguridad ocupa hoy los principales tabloides y mesas de discusión, la seguridad económica de los veracruzanos y su mala calidad de vida, también merecen singular y pronta atención.
Por todo lo anterior, solicito atenta y respetuosamente, al menos a los diputados que formamos parte de ésta XLI Legislatura del H. Congreso del estado, hacer valer los criterios por los que se bursatilizó el 20% de la Tenencia y Uso Vehicular, VOTAR para que se retire el dictamen, a efecto de analizar con que se dispone, con que plan estratégico se cuenta y que hace falta en materia de Seguridad Pública. Para que una vez conocido lo anterior, entre otras cosas, entonces si, que esta soberanía haga lo conducente en materia legislativa para fortalecer tanto al estado como a los municipios, que incluya revisar la necesidad de más partidas presupuestales, pero no al vapor, no con declaraciones mediáticas, que quedarán muy pronto en el olvido, gastando recursos económicos sin ton ni son, y en cambio continuar dejando a millones de veracruzanos en los últimos lugares de desarrollo humano.
A t e n t a m e n t e
Dip. E. Alfredo Tress Jiménez
Vocal de la Comisión Permanente de
Hacienda Municipal
Presidenta de la Mesa Directiva
De la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Integrantes de la mesa directiva, diputadas y diputados, medios de comunicación, público que nos honra con sus presencia, veracruzanos todos.
Como integrante de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal que preside el Dip. Julio Hernández y como secretario el Dip. Raúl Zarraval, me fue turnado el proyecto de dictamen para mi conocimiento y firma correspondiente de así considerarlo, mismo que hoy será sometido a consideración de este pleno para su votación.
Dictamen sin ningún análisis y que sólo transcribe lo sustantivo de la iniciativa enviada por el gobernador hace apenas el día 5 de los corrientes, y que sin mayor profundidad en el tema, refleja la voluntad del ejecutivo del estado, por conducto de esta soberanía, para entregar un cheque en blanco a los municipios que decidieron bursatilizar el 20% del Impuesto federal sobre Tenencia y Uso Vehicular, y que la mayoría de diputados votamos a favor. Sin ninguna duda hoy atenderán positivamente sin la mínima reflexión, la solicitud del mandatario estatal para que su actual emoción sea compartida fundamentalmente por los diputados del PRI.
Pero permítanme soportar mi comentario inmediato anterior, que no busca de ninguna manera lastimar a nadie y mucho menos faltarles al respeto. Cuando se analizó el tema de bursatilizar el 20% del impuesto federal sobre la Tenencia y Uso Vehicular asignado a los municipios, tenia claridad que sería un tema controvertido por las diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso; pero además, no dudaba que diferentes actores políticos y la ciudadanía misma interesada en el tema, expresarían sus puntos de vista; y más aún, dentro de mi mismo partido existirían voces discordantes dado que un servidor como diputado y dirigente estatal de Convergencia, votara a favor la iniciativa de decreto que enviara el Gobernador y los Ayuntamientos interesados en formar parte de este esquema, a este H. Congreso del Estado.
Las diferentes opiniones en contra sobre este tema tenían fundamento, primero por ser una materia difícil de entender para los que los números no es justamente una fortaleza, y por la otra, la más grave, por el antecedente de la pasada legislatura que autorizó al Gobernador del Estado para que burzatilizara el 80% del impuesto federal sobre la Tenencia y Uso Vehicular asignado al estado, que representó ingresos por $6,180 millones de pesos, de los cuales se utilizó el 55.02% que equivalieron a $3,400 millones de pesos para la liquidación de la deuda pública directa vigente del estado, deuda que todos sabemos que adquirió el gobierno Alemanista faltando unos cuantos meses para concluir su mandato, y que la legislatura pasada dio carpetazo a ese tema, recursos económicos que actualmente no tenemos duda que se beneficiaron unos cuantos, dejando una vez más la deuda al pueblo de Veracruz.
Asimismo, para aprobar bursatilizar estos recursos, se incluyo que se llevarian a cabo 5 obras de infraestructura, donde actualmente algunas de ellas están inconclusas y otras, ni siquiera se han iniciado y al parecer no se llevarán a cabo.
No obstante los antecedentes anteriores por todos ustedes conocidos, como dirigente partidista, me ha correspondido recorrer muchas veces este magnifico estado que lo tiene todo, pero que también carece de muchas cosas; agua entubada, vías de comunicación dignas, alumbrado público, infraestructura productiva, solo por mencionar algunas necesidades apremiantes para dignificar la calidad de vida de millones de veracruzanos. Con esa visión fue que no tan solo por mi responsabilidad como diputado e integrante de la Comisión de Hacienda Municipal, sino como veracruzano comprometido con el desarrollo de mi estado, me avoque a profundizar sobre el tema, para que de esa manera la iniciativa que presentará el Ejecutivo del estado, tuviera soporte, estrategia y rumbo en la aplicación de estos recursos. Consecuentemente se emitió el dictamen por unanimidad de los integrantes de la comisión, que dio lugar autorizarle a los ayuntamientos que así lo solicitaron, poder disponer de estos recursos para inscribirlos en el fideicomiso bursátil.
En gran medida el concluir firmando favorablemente este dictamen, se fundamentó en el conocimiento de las grandes desigualdades en que se encuentran millones de veracruzanos, robusteciéndose la apreciación que nos da el poder conocer los 212 municipios del estado, con los resultados que arrojan la prestigiada encuestadora MITOFSKY, que es el soporte en el que se le ha ubicado al Gobernador del Estado con los más altos niveles de popularidad y que es orgullo en las expresiones recurrentes aquí en tribuna de los diputados del PRI, mismos que en esta ocasión no les favorece, ya que señala la encuesta que el 63.1% de la población veracruzana se encuentra en los niveles máximos de pobreza, solo por arriba del estado de Guerrero.
En este tema podemos hablar del encarecimiento recurrente de los productos de la canasta básica como el arroz, fríjol, leche, jabón, azúcar, pan, aceite, diversas frutas y legumbre, o que decir de la tortilla, donde inclusive ello derivo que esta legislatura creara una comisión especial para atender este tema, donde en esos días la nota mediática eran las alzas constantes a la canasta básica lo que provocó el gran subsidio a la tortilla que otorgó el gobierno del estado para mantenerla a 7 pesos el kilo; sin embargo a la fecha se encuentra en 12 pesos el kilo y ya no se dice nada, o que decir del encarecimiento de la corriente eléctrica donde el gobierno del estado se comprometió públicamente en subsidiarla a los más desprotegidos, éste Congreso jugó un papel importante dado que diputados del PRI han presentado en dos ocasiones puntos de acuerdo al respecto, sin embargo no a pasado nada.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, el dictamen vigente condiciona que las cantidades económicas recibidas por este concepto, serán única y exclusivamente aplicadas a financiar las inversiones públicas productivas, determinadas por cada Ayuntamiento, pero en todo caso, sólo podrán aplicarse a la ejecución de obras públicas de impacto social y/o pago de su deuda previamente contratada con instituciones financieras o bancarias, siempre que se encuentre inscrita en el registro de deuda pública correspondiente. Destacando que en ningún caso podrán destinarse estos recursos al pago de deuda que haya sido contraída para financiar gasto corriente.
Además el dictamen en comento destaca, que el programa de inversión de estos recursos por parte de cada ayuntamiento, deberá hacerse del conocimiento del H. Congreso del Estado, previamente a su ejecución. Situación que a la fecha no se conoce, al menos por un servidor, quién presentó con toda oportunidad tres puntos de acuerdo al respecto, mismos que ésta Honorable legislatura aprobara el pasado 28 de julio del presente año exhortando tanto a la SEFIPLAN, como a los ayuntamientos inscritos en este fideicomiso y al ORFIS, den cumplimiento al decreto No. 255. Puntos de acuerdo que fueron publicados en la gaceta oficial No. 268 del 19 de agosto del año en curso, sin recibir ninguna información a la fecha.
Con estos antecedentes, no se trata que este Congreso se sume para ofrecer cheques en blanco para que con declaraciones mediáticas, tocando en estos momentos el tema de la seguridad pública, puedan disponer de estos recursos económicos a su libre albedrío, justificando que es para ofrecer tranquilidad a los ciudadanos de su municipio, sin ni siquiera existir un plan o programa en este sentido, y mucho menos, conocer las prioridades que se están atendiendo actualmente con los alrededor de 2,700 millones de pesos que destina la federación por conducto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), regido normativamente por la Ley de Coordinación Fiscal. O la mención por demás repetitiva ante ustedes de los 1,000 millones; o los 493 millones; y que decir los 893 millones y los 351 millones que sumados arrojan una cifra superior a los 2,730 millones de pesos que se destinan este año tanto al Poder Judicial; como a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, incluido el Fideicomiso para el Fondo de Seguridad Pública.
No señoras y señores diputados, no se trata que por ser una iniciativa que envió el Gobernador apenas el día 5 de septiembre y dictaminada el 8 del mismo mes y año por la mayoría de los diputados que integran la Comisión de Hacienda Municipal, el decreto que lleva como objetivo sumar recursos para incrementar el nivel de vida de millones de veracruzanos, en estos momentos con una visión más de emoción que de programación, sin límites, sin conocimiento de la situación que guarda cada municipio en esta materia y sin un soporte estratégico de combate a la inseguridad pública, dejemos a millones de veracruzanos solo con la sensación de que se está combatiendo en serio la inseguridad pública que se percibe, por el solo hecho de comprar más patrullas o armamento, olvidándose el gobierno del estado que el tema de la Seguridad Pública obedece más a un plan de coordinación y estrategia con las diferentes fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno, como lo expuse en el punto de acuerdo en la sesión ordinaria en Martínez de la Torre en el mes de mayo, donde el partido de la mayoría representado en este Congreso, guardó silencio, teniendo que esperar hasta que el ejecutivo federal haya convocado a este acuerdo nacional.
Seguramente se requieren más recursos económicos, pero antes de ello se debe evaluar con que se cuenta y que se necesita, y concluir por una parte, si el combate a la inseguridad pública se paleará comprando más patrullas y armamento, donde en gran medida, y así lo observamos en las notas publicadas recientemente, el problema está adentro de las fuerzas policíacas. De igual manera, señoras y señores diputados, ¿han contemplado que más infraestructura ocasionará más gasto corriente a los municipios?
La sugerencia contemplada en el dictamen que hoy nos ocupa, que hasta parece respetuosa, no toca para nada la recomendación de la urgente profesionalización y capacitación de las policías en los dos niveles de gobierno en nuestro estado, para el ejecutivo de Veracruz pareciera ser que es más prioritario que los municipios compren más patrullas que regularmente son averiadas inmediatamente, o darles un arma que muchas veces ni siquiera saben usar o peor aún son usadas en contra del ciudadano. O que nos pueden decir integrantes de la Comisión dictaminadora sobre los criterios a seguir en 12 municipios donde se mantiene la policía intermunicipal que no está a cargo del ayuntamiento, sino del estado como es el caso de Poza Rica; Xalapa; Veracruz; Boca del Río; Coatzacoalcos o Minatitlán solo por mencionar algunos, ¿se les obligará para que de las arcas municipales se compre equipo para dotar a las policías intermunicipales que corre esta responsabilidad financiera al estado. Sin duda su gran reflexión y análisis será: EL DECRETO SOLO SUGIERE NO OBLIGA, por favor, ya basta de mentirle al pueblo de Veracruz, que tiene hambre no solo de que se les respete su derecho a la vida, sino aún mayor, hambre de comida que es el clamor de todos los días, más barata la Corriente Eléctrica para los pobres, promesa incumplida del gobierno del estado; más barata la tortilla para los pobres, promesa incumplida del gobierno del estado, más espacios educativos para todos los jóvenes de nivel medio superior, promesa incumplida del gobierno del estado; ahora con la aprobación de este decreto, ¿que se ofrece?, más seguridad pública a los veracruzanos, seguramente una promesa más incumplida.
De no corregirse la política económica de Veracruz, ni los hombres más poderosos podrán vivir seguros, a no ser en casas amuralladas, automóviles blindados y con cientos de guaruras, es momento de reconocer que la política económica que se aplica no está dando resultados, por lo que más allá de que el tema de la inseguridad ocupa hoy los principales tabloides y mesas de discusión, la seguridad económica de los veracruzanos y su mala calidad de vida, también merecen singular y pronta atención.
Por todo lo anterior, solicito atenta y respetuosamente, al menos a los diputados que formamos parte de ésta XLI Legislatura del H. Congreso del estado, hacer valer los criterios por los que se bursatilizó el 20% de la Tenencia y Uso Vehicular, VOTAR para que se retire el dictamen, a efecto de analizar con que se dispone, con que plan estratégico se cuenta y que hace falta en materia de Seguridad Pública. Para que una vez conocido lo anterior, entre otras cosas, entonces si, que esta soberanía haga lo conducente en materia legislativa para fortalecer tanto al estado como a los municipios, que incluya revisar la necesidad de más partidas presupuestales, pero no al vapor, no con declaraciones mediáticas, que quedarán muy pronto en el olvido, gastando recursos económicos sin ton ni son, y en cambio continuar dejando a millones de veracruzanos en los últimos lugares de desarrollo humano.
A t e n t a m e n t e
Dip. E. Alfredo Tress Jiménez
Vocal de la Comisión Permanente de
Hacienda Municipal
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