LA FARSA DE LA REFORMA ELECTORAL

ENVIADO A VA X TUXPAN POR EL

SENADOR SUPLENTE

JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO

Autor: Paulina Monroy
IFE, en riesgo de politizarse: Ackerman
John Mill Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que tras la reforma al Instituto Federal Electoral (IFE) hay problemas respecto al diseño institucional del organismo. Ejemplifica que resultan confusas algunas causales de sanción en el régimen de responsabilidades.
El artículo 380 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) define como causales el inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competen a otros órganos del instituto y tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de labores. Expone que “se abre una amplia posibilidad para controlar y limitar la actuación de consejeros, además dan un poder discrecional y abierto al contralor del instituto”.
Califica también como negativo que se haya acotado la función de las comisiones del IFE, cuyos integrantes se redujeron de cinco a tres. Explica que dicha disposición fue motivada, pues se convertían en pequeños feudos dentro del órgano.
El especialista en derecho electoral indica que las comisiones descentralizan el poder y hacen más eficaz al Instituto: “Permiten que los consejeros electorales observen, fiscalicen y controlen lo que ocurre en el IFE. Si todo ocurre a nivel de Consejo General es más difícil conocer los detalles en la operación del Instituto”.
Al respecto, menciona que tampoco es positivo que se hayan fortalecido las facultades del presidente del Consejo General. En su opinión sería más benéfico que hubiera un cuerpo colegiado y que la presidencia fuera rotativa, pues “termina siendo el jefe del IFE, lo que no es democrático o plural”.
En relación con la remoción de consejeros prevista en la reforma, Ackerman señala que la idea de renovar el Consejo General con mayor pluralidad y capacidad, no se cumplió. Por el contrario, los actuales consejeros comparten el mismo perfil que los anteriores: “Es la misma actuación informal, sesgada y parcial como el consejo anterior”.
Describe que no han sido eficientes para demandar un trato equitativo a candidatos y partidos políticos, no han desarrollado criterios uniformes en el tema de la difamación en campañas y han permitido que el Tribunal Federal Electoral eche abajo lineamientos para monitorear el periodo electoral. “Siguen con la misma tónica del Consejo de 2006”.
Además, el proceso por el que los grupos parlamentarios propusieron a los consejeros, “no fue una auscultación auténtica para tener a los mejores candidatos”. Para Ackerman fue un asunto de negociaciones oscuras.
El investigador sugiere que debería haber un debate y la intervención de otro actor como un órgano ciudadano, el Senado o la SCJN, para equilibrar el proceso. Apunta que si bien la reforma electoral estableció que la elección de consejeros se realizaría después de una amplia consulta ciudadana, se dejó a un acuerdo parlamentario sin que se desarrollara más en la ley.
“Se presta a cuotas partidistas, o lo que es peor, prebendas o intercambio de favores. Los coordinadores de los grupos parlamentarios seleccionaron a personas cercanas, amigos y colegas. Se debe transparentar y asegurar una selección con base en los méritos de los candidatos”, concluye. (PM)