ENVIADO A VAXTUXPAN...
Por Mussio Cárdenas Arellano...
Por el drenaje político entra Javier Duarte de Ochoa a la gubernatura de Veracruz, avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fiel intérprete de la Ley de Herodes.
A la vista de todos, fueron desechadas en la sesión del TRIFE, el martes 26, las evidencias de la intromisión del gobernador Fidel Herrera Beltrán en el proceso electoral; en la vida interna del PRI; el desvío de recursos públicos; la guerra sucia contra el candidato panista Miguel Angel Yunes Linares; el derroche que llevó a violar los topes financieros de campaña; el uso del aparato burocrático para operar políticamente, y el control de la prensa con dinero del erario, vía publicidad disfrazada.
Tuvo la complicidad de los magistrados del TRIFE, siete notables que invocaron la imposibilidad de tomar en cuenta las grabaciones difundidas por el periódico Excélsior por ser “pruebas con origen ilícito”.
Desestimaron los gastos de campaña del delfín del fidelato, que rebasaron los 700 millones de pesos, con argumentos que sólo cabían en la estrecha imaginación de los notables del TRIFE. Pretendían que el PAN acreditara con facturas cada pago hecho por el PRI por los miles de espectaculares, lonas, bardas, gallardetes. Negaron la prueba del gasto estimado a partir de que el equipo yunista sólo presentó cotizaciones de empresas dedicadas a la organización de eventos y a la propaganda.
No vieron los magistrados el cúmulo de notas periodísticas, aparecidas en decenas de espacios de prensa, que llevaban la misma redacción y el mismo titular, suscritas pues por la misma mano fiel aún en tiempos en que la ley le impedía a Javier Duarte promoverse como candidato del PRI al gobierno de Veracruz.
No faltó un magistrado que evidenció que la legislación mexicana sobre pruebas ilícitas —grabaciones obtenidas sin orden judicial— se ha rezagado en materia electoral. Invocó el sistema jurídico alemán, que privilegia el contenido de la prueba sobre el origen de la misma.
No faltó tampoco el magistrado que se lamentó de la elección fielmente sucia en Veracruz, pero que nada se podía hacer porque la Constitución Política de México impide admitir grabaciones de conversaciones obtenidas ilícitamente, aunque el atraco sea evidente.
Lanza el TRIFE una señal preocupante para el futuro electoral de México. Invita a robarse las elecciones, como ha hecho el proyecto fidelista; invita a que los capitales de procedencia ilícita financien las campañas; invita a que se use el aparato burocrático para operar políticamente; invita a que se desate la guerra sucia sobre cualquier candidato de oposición; invita a la violación de los topes financieros de campaña; invita a realizar la peor de las campañas, y no pasará nada.
Abatido moralmente, con la sombra de Fidel Herrera como la figura del maximato, Javier Duarte encuentra una validación de un tribunal atado de manos por la Constitución, hincado ante el poder, incapaz de preservar y fortalecer la democracia.
Triste forma de llegar al poder.
Por el drenaje político entra Javier Duarte de Ochoa a la gubernatura de Veracruz, avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fiel intérprete de la Ley de Herodes.
A la vista de todos, fueron desechadas en la sesión del TRIFE, el martes 26, las evidencias de la intromisión del gobernador Fidel Herrera Beltrán en el proceso electoral; en la vida interna del PRI; el desvío de recursos públicos; la guerra sucia contra el candidato panista Miguel Angel Yunes Linares; el derroche que llevó a violar los topes financieros de campaña; el uso del aparato burocrático para operar políticamente, y el control de la prensa con dinero del erario, vía publicidad disfrazada.
Tuvo la complicidad de los magistrados del TRIFE, siete notables que invocaron la imposibilidad de tomar en cuenta las grabaciones difundidas por el periódico Excélsior por ser “pruebas con origen ilícito”.
Desestimaron los gastos de campaña del delfín del fidelato, que rebasaron los 700 millones de pesos, con argumentos que sólo cabían en la estrecha imaginación de los notables del TRIFE. Pretendían que el PAN acreditara con facturas cada pago hecho por el PRI por los miles de espectaculares, lonas, bardas, gallardetes. Negaron la prueba del gasto estimado a partir de que el equipo yunista sólo presentó cotizaciones de empresas dedicadas a la organización de eventos y a la propaganda.
No vieron los magistrados el cúmulo de notas periodísticas, aparecidas en decenas de espacios de prensa, que llevaban la misma redacción y el mismo titular, suscritas pues por la misma mano fiel aún en tiempos en que la ley le impedía a Javier Duarte promoverse como candidato del PRI al gobierno de Veracruz.
No faltó un magistrado que evidenció que la legislación mexicana sobre pruebas ilícitas —grabaciones obtenidas sin orden judicial— se ha rezagado en materia electoral. Invocó el sistema jurídico alemán, que privilegia el contenido de la prueba sobre el origen de la misma.
No faltó tampoco el magistrado que se lamentó de la elección fielmente sucia en Veracruz, pero que nada se podía hacer porque la Constitución Política de México impide admitir grabaciones de conversaciones obtenidas ilícitamente, aunque el atraco sea evidente.
Lanza el TRIFE una señal preocupante para el futuro electoral de México. Invita a robarse las elecciones, como ha hecho el proyecto fidelista; invita a que los capitales de procedencia ilícita financien las campañas; invita a que se use el aparato burocrático para operar políticamente; invita a que se desate la guerra sucia sobre cualquier candidato de oposición; invita a la violación de los topes financieros de campaña; invita a realizar la peor de las campañas, y no pasará nada.
Abatido moralmente, con la sombra de Fidel Herrera como la figura del maximato, Javier Duarte encuentra una validación de un tribunal atado de manos por la Constitución, hincado ante el poder, incapaz de preservar y fortalecer la democracia.
Triste forma de llegar al poder.
Fuente:www.semanariocontacto.com
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